Amnistía Internacional señala a Dina Boluarte por muerte de manifestantes en Perú: "Tomaron decisiones que tuvieron consecuencias letales"
Amnistía Internacional presentó un informe por muertes y lesiones en protestas desarrolladas en Perú, el cual señala a la presidenta Diana Boluarte y la cadena de mando como responsables penales.
Los hechos, que tuvieron lugar entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, dejaron un saldo de 50 civiles y un policía muertos, así como más de 1,400 heridos.
"La presidenta, los ministros, los comandantes de la Policía y las Fuerzas Armadas de Perú tomaron decisiones que finalmente tuvieron consecuencias letales. Cientos de víctimas y sobrevivientes están esperando respuestas sobre lo que los altos funcionarios sabían, o deberían haber sabido, y lo que no hicieron para detener los asesinatos," dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
El informe se conoce dieciocho meses después del suceso, considerado por Amnistía Internacional como uno de los episodios más graves de violaciones masivas de derechos humanos en la historia reciente de Perú.
Aunque Boluarte negó bajo juramento ante la Fiscalía haber tenido contacto directo con los comandantes y minimizó su papel en la represión estatal, el informe dice que la evidencia apunta a la posible responsabilidad penal de la presidenta.
El organismo internacional indica que, durante los tres meses de protesta, la mandataria se reunió varias veces con los comandantes de las Fuerzas Armadas y la Policía, lo que le dio múltiples oportunidades para condenar el uso ilegítimo generalizado de la fuerza y ordenar un cambio de táctica en terreno.
No obstante Amnistía Internacional argumenta que, en lugar de condenar los actos de abuso de autoridad, Boluarte elogió públicamente a las fuerzas de seguridad mientras “vilipendiaba a las personas manifestantes como 'terroristas' y 'criminales', sin brindar pruebas de ello”.
El Gobierno de Perú, a través del presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, rechazó el informe y la responsabilidad de la mandataria en las protestas antigubernamentales que surgieron luego de la destitución del entonces presidente Pedro Castillo y la posterior ascensión al poder de la vicepresidenta Dina Boluarte.
