Cooptación chavista, en España: por Héctor Schamis
Pablo Casado, presidente del Partido Popular, destituyó a la Diputada Cayetana Álvarez de Toledo como portavoz parlamentaria de dicha agrupación. Según afirmó a los medios, fue debido a sus críticas al Rey Juan Carlos, las que juzgó fuera de lugar.
Suena a una excusa pueril. Cayetana, así la llaman todos, jamás criticó a ninguno de los dos monarcas y mucho menos a la monarquía. Solo expresó su desacuerdo con la decisión de Juan Carlos de abandonar España, pues no la consideró la mejor manera de resguardar la institución. Y, de hecho, ella contó otra versión de lo ocurrido, que su destitución tuvo que ver con otros motivos.
A saber, fue por emitir opiniones personales a la prensa, supuestamente en detrimento de la autoridad partidaria. Por negarse a apoyar los presupuestos de Pedro Sánchez, su política fiscal, y rechazar el “pacto por la justicia”, un proyecto de reforma judicial. Y por mantener viva la batalla cultural contra las posiciones identitarias de los socios del PSOE, el radicalismo anti-sistema de Podemos tanto como el del nacionalismo catalán.
El caso sirve para ilustrar la erosión de la institucionalidad española y, por ende, la disminución de la calidad democrática en manos de la coalición gobernante actual. Ocurre incluso contaminando a los partidos de oposición, como en este caso. Se degrada así la cultura política.
Sancionar el derecho a disentir es propio de un partido stalinista, una organización de burócratas disciplinados. Buena parte de la crisis de credibilidad de los partidos políticos, observada y medida en casi todas las democracias, se explica por esta propensión a funcionar como estructuras verticales basadas en la obediencia. Por ello premian a los mediocres con posiciones de liderazgo y fracasan a la hora de representar a sociedades informadas, autónomas y plurales.
Es un secreto a voces, hace tiempo que el PP y el gobierno de Pedro Sánchez negocian un acuerdo presupuestario, necesario para concretar la llegada de los recursos europeos, y un acuerdo judicial. Este último, el renombrado “pacto”, en su letra dice que es para renovar el Consejo General del Poder Judicial, pero su espíritu es repartirse los jueces entre los partidos y neutralizar posibles sentencias adversas.
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Los motivos son de peso: la acumulación de causas contra notables del PSOE—Raúl Morodo, por ejemplo, embajador de Zapatero en Caracas—y la plana mayor de Podemos. La más reciente es el dictamen de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas que encontró delito en contratos con una consultora vinculada a Juan Carlos Monedero y que, además, había prestado servicios a Evo Morales y Andrés Manuel López Obrador.
Ante la posibilidad de desvío de fondos desde América Latina hacia España—es decir, lavado—la Fiscalía pidió investigar la contabilidad de Podemos. Queda por verse si el PP entregará un cheque en blanco para lo que bien podría terminar siendo una operación de blindaje de funcionarios corruptos.
Siempre hay que seguir la ruta del dinero, los ilícitos también desnudan la estrategia política. En ambos, corrupción y estrategia, se advierte un innegable aire de familia con el chavismo, un diseño que mantiene la apariencia de partidos de oposición, pues los neutraliza por medio de la cooptación amable, idealmente, o bien el soborno. Si lo anterior falla, los elimina a través de la acción del Estado.
La coalición PSOE-Podemos parece estar aplicando la receta chavista al PP. Lo neutraliza, lo incorpora y lo asimila, es decir, lo coopta. Si puede, lo fagocitará. En el camino este deja de ser un partido de oposición, su obligación constitucional y con sus votantes, disolviendo su identidad. Ante el riesgo de disolución, el espacio electoral de centro-derecha podría quedar vacío. Vox debe estar relamiéndose, se correrá hacia el centro buscando al votante moderado. Ciudadanos hace rato que está convaleciente.
Es evidente, la remoción de Cayetana era requisito para el acuerdo PSOE-PP. Por su oposición a los pactos oportunistas y por haber emplazado reiteradamente al PSOE a formalizar un gobierno de concentración constitucionalista. Es decir, una coalición amplia que reafirme el espíritu del 78 excluyendo las posiciones rupturistas de Podemos y el secesionismo. Además la destituyen en agosto, mes caliente en el que la política se enfría por las vacaciones.
Es que el PSOE prefiere el apaciguamiento de las fuerzas anti-sistema, lo cual Cayetana subrayaba enfáticamente desde su vocería parlamentaria; “la podemización de Pedro Sánchez”. Con ello también ignora que la España estable, democrática, próspera, socialmente equitativa—y finalmente europea—es obra de la arquitectura constitucional de la transición, un verdadero milagro logrado en menos de una generación.
En definitiva, la llamada “batalla cultural” es también una batalla por principios y normas jurídicas, es acerca de la construcción de un orden político donde la libertad y los derechos de los individuos sean innegociables. Esa es una agenda verdaderamente progresista, la izquierda española ha olvidado que la primera forma de igualdad es la que existe frente a la ley.
En América Latina, a su vez, los demócratas perdemos una voz aliada en un lugar importante. Conocí a Cayetana en Cúcuta aquel dramático 23 de febrero de 2019, cuando la ayuda humanitaria no pudo ingresar a Venezuela. Conversamos sobre la región y la tragedia venezolana, comprobé su compromiso con la libertad y la democracia en todo el continente. Por eso también su destitución constituye una exitosa cooptación chavista.
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