¿Cuán lejos está llevando el gobierno de Bukele su política de mano dura en El Salvador?
En El Salvador, cuando se cumple más de un año de la aplicación del régimen de excepción, organizaciones civiles denuncian miles de casos de violación de derechos humanos de de forma sistemática, la mayoría son casos de detenciones arbitrarias, pero también hay allanamiento de moradas y maltratos.
La mayoría de los denunciantes son personas entre los 18 y 30 años de edad y los victimarios generalmente agentes de la Policía Nacional Civil.
Esto es, según los denunciantes, consecuencia de la llamada política de ‘guerra contra las pandillas’ que, en el contexto de excepción, las autoridades aplican sin apego al debido proceso o las garantías legales para los ciudadanos. Es lo que los expertos describen como “pérdida de derechos por ganar en seguridad” y que afecta a miles de salvadoreños.
El Gobierno de Nayib Bukele ha informado de la detención y el encarcelamiento de más de 67 mil personas en tiempo récord, y exhibe las cifras como un éxito que acompaña del descenso en las estadísticas de crímenes violentos en el país.
A principios de año, las autoridades, de manera indirecta, reconocieron los excesos con la liberación de más de mil jóvenes por falta de pruebas de ser parte de las pandillas o delincuentes.
El número de liberados es menos del 5% del total de detenidos y, según las organizaciones civiles mencionadas, todavía hoy hay jóvenes estudiantes, hijos, vecinos y, en general, ciudadanos que sus familiares reclaman y que el gobierno no da razón de su detención ni están amparados por las garantías debidas.
¿Cuán lejos está llevando el gobierno de Bukele su política de mano dura y excepción en el país?
Zaira Navas, jefa jurídica de Estado de Derecho y Seguridad de Cristosal, ofreció una entrevista en Cuestión de Poder de NTN24.
