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Domingo, 22 de diciembre de 2024
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Detenciones arbitrarias

Dictan 16 años de prisión a seis sindicalistas que protestaron por mejoras laborales en Venezuela

Dirigentes sindicales detenidos / Cortesía
La defensa señaló que los dos elementos valorados por la juez fueron un informe de contrainteligencia y capturas de mensajes con opiniones y críticas contra el gobierno.

Tras un año sometidos a un proceso judicial, este martes seis sindicalistas fueron sentenciados a 16 años de prisión en Venezuela.

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Acusados de "conspiración" contra el régimen de Nicolás Maduro, los dirigentes y activistas Reynaldo Cortés, Alfonzo Meléndez, Alcides Bracho, Néstor Astudillo, Gabriel Blanco y Emilio Negrín fueron arrestados en julio de 2022 en medio de protestas en distintas regiones del país en exigencia de aumentos de salarios y mejoras en las condiciones laborales en el sector público.

Organizaciones defensoras de derechos humanos, rechazaron la condena que califican como injusta.

"Han sido condenados por los delitos de conspiración y asociación para delinquir a 16 años de cárcel por la juez Grendy Duque, a pesar de ser inocentes", publicó la ONG Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia en Twitter, rebautizado como X.

Esta organización sostuvo además que la fiscalía no presentó "pruebas" suficientes para sostener la acusación.

El salario mínimo en Venezuela equivale a menos de 5 dólares mensuales, complementado por bonos estatales de alrededor de 65 dólares.

El costo de la canasta alimentaria, en contraste, sobrepasa los 500 dólares por mes de acuerdo con estimaciones privadas, en un país castigado por la inflación.

"Esta condena sin ningún asidero, sin pruebas, demuestra, una vez más, que el sistema de 'justicia' está al servicio del poder y no de los ciudadanos. La lucha por reivindicaciones, por la libertad, por el bienestar de los venezolanos no es un crimen", publicó en X el activista social Roberto Patiño.

Dirigentes políticos de la oposición también expresaron rechazo a la decisión judicial.

Alonso Medina Roa, presidente de la Coalición por los DDHH y la Democracia fue el abogado que representó a los luchadores sociales, señaló que los dos elementos valorados por la juez fueron un informe de contrainteligencia y capturas de mensajes con opiniones y críticas contra el gobierno.


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