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Domingo, 22 de diciembre de 2024
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Japón

El primer ministro japonés comió pescado de aguas de Fukushima en un video para demostrar que es "seguro y delicioso"

Central nuclear de Fukushima (EFE)
Central nuclear de Fukushima (EFE)
Japón empezó un plan de vertido al mar de 7.800 toneladas de agua residual de la central nuclear de Fukushima.

El primer ministro japonés, Fumio Kishida, lanzó un video para intentar apaciguar la polémica que generó el vertido de aguas de la central nuclear de Fukushima al mar.

El audiovisual, transmitido por el gobierno japonés en las redes sociales, muestra al premier y tres de sus ministros consumiendo un lenguado proveniente de la prefectura de Fukushima.

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Además del pescado, Kishida comió cerdo, arroz, verduras y frutas de la misma región para promover la compra de productos de esa zona que ha sido golpeada por la polémica decisión.

"Es muy bueno", dice Kishida tras degustar un bocado, además, aseguró que los productos del mar de Fukushima son "seguros y deliciosos".

El pasado 4 de julio el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) dio el visto bueno para que Japón pueda verter en el océano agua tratada procedente de los reactores dañados de la central nuclear de Fukushima-Daiichi.

"Los vertidos controlados y progresivos del agua tratada en el mar (...) tendrían un impacto radiológico insignificante sobre la población y el medio ambiente", aseguró el organismo en ese entonces.

Desde el devastador tsunami de 2011, los reactores de Fukushima fueron dañados y necesitan mantenerse fríos, generando unas 170 toneladas diarias de agua de refrigeración. Durante estos 12 años, el agua utilizada se ha almacenado y tratado para reducir su radiactividad, y, según las autoridades, actualmente contiene bajos niveles de tritio y otros residuos. Los tanques previstos para su almacenamiento han alcanzado su límite forzando la decisión de devolver el agua al Océano Pacífico.

Desde el 24 de agosto se empezó el plan de vertido de 7.800 toneladas de agua residual en un período de 17 días; y hasta 31.200 para marzo de 2024.

Organizaciones que promueven el cuidado al medio ambiente se han mostrado en contra de la decisión del Gobierno, por lo que la administración nipona ha intentado, a toda costa, persuadirlas.

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