Juicio para destituir a Trump: Una decisión política con repercusiones inciertas
El inicio de una investigación en la Cámara baja por supuestas presiones del presidente estadounidense, Donald Trump, a Ucrania para perjudicar a su rival político Joe Biden, constituye el primer paso de un proceso de destitución cuya naturaleza política, no jurídica, acarrea repercusiones inciertas.
- ¿En qué consiste el procedimiento? -La Constitución prevé que el Congreso puede destituir al presidente (al vice o a los jueces federales...) en caso de "traición, corrupción u otros crímenes y delitos importantes".
Según reseñó AFP, el procedimiento se desarrolla en dos etapas.
Primero, la Cámara de Representantes investiga y vota, por mayoría simple (218 votos en 435), la acusación contra el presidente, procedimiento que se conoce como "impeachment".
En caso de que el presidente sea formalmente acusado, el Senado inicia el juicio político.
Al término de los debates, los 100 senadores se pronuncian sobre cada artículo de la acusación. Se requiere una mayoría de dos tercios para condenar al presidente. Si se reúne esa mayoría, la destitución es automática e irreversible. Si no se llega a los votos necesarios, el presidente es declarado inocente.
- ¿Cuáles son los antecedentes? -Nunca en la historia del país un presidente fue destituido.
Dos fueron acusados, pero finalmente declarados inocentes: los demócratas Andrew Johnson, en 1868; y Bill Clinton, quien fue denunciado por "perjurio" en 1998, en el marco de su relación con la becaria de la Casa Blanca Monica Lewinsky.
El republicano Richard Nixon, en 1974, prefirió renunciar para evitar su segura destitución por el Congreso a raíz del escándalo del Watergate.
- ¿Cuál es el papel de la Justicia? -Inexistente. Las decisiones de destitución no son controladas por el Poder Judicial sino únicamente por el Congreso.
La justicia ordinaria carece también de atribuciones para inculpar a un presidente en ejercicio. Ello "perjudicaría" el funcionamiento de la Casa Blanca, estimó el Departamento de Justicia en memorandos de 1973 y 2000 que sentaron jurisprudencia.
- ¿Cuáles son las críticas contra Trump? -Numerosos legisladores demócratas reclaman desde abril el inicio de un procedimiento de destitución contra Trump sobre la base de las conclusiones de una investigación por supuesta injerencia rusa en la campaña presidencial de 2016.
Luego de dos años de investigaciones, el fiscal especial Robert Mueller no encontró evidencia de colusión entre Moscú y el equipo de Trump cuando era candidato.
Por otra parte, el fiscal especial reveló una serie de presiones preocupantes sobre su trabajo que podrían ser descritas como "obstrucción de la justicia".
Los demócratas abrieron a su vez dos investigaciones parlamentarias sobre la situación fiscal del mandatario, la posible existencia de un conflicto de intereses con sus negocios y las sumas pagadas para silenciar posibles amantes.
Ahora también saben que el inquilino de la Casa Blanca abusó de su poder para dañar al exvicepresidente Joe Biden, actualmente favorito para ganar la candidatura presidencial demócrata para los comicios de 2020.
Los legisladores se preguntan si bloqueó ayuda militar destinada a Ucrania para forzar a Kiev a abrir una investigación por corrupción contra Joe Biden y su hijo Hunter.
- ¿Por qué dudaban los demócratas? -Los líderes del partido se habían mantenido cautelosos hasta ahora con el tema del impeachment. Saben que el procedimiento corre el riesgo de monopolizar el debate, en detrimento de los asuntos de fondo de la campaña presidencial de 2020, y que está condenado al fracaso por la mayoría republicana en el Senado.
Asimismo, el proceso podría volverse en su contra: durante las elecciones generales de 2000, los republicanos fueron sancionados por la virulencia del intento de destitución contra Bill Clinton.
Pero la presión fue en aumento y la presidenta de la Cámara baja, la demócrata Nancy Pelosi, anunció la apertura de la investigación, alegando que el accionar del mandatario revela "hechos deshonrosos de traición" a su juramento presidencial, a la seguridad nacional y "a la integridad de nuestras elecciones".
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