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Domingo, 22 de diciembre de 2024
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Justicia colombiana

Jurisdicción Especial para la paz investigará en Colombia delitos de violencia sexual en el marco del conflicto armado

En el programa ‘La Noche’ los testimonios de quienes sufrieron en carne propia agresiones sexuales, reclutamiento forzado, secuestro y tratos crueles.

Según la JEP, existe a hoy el registro de 35.178 víctimas de todos los actores del conflicto, por hechos de violencia sexual, reproductiva, violencias de género y por prejuicio, en hechos ocurridos entre los años 1957 y 2016.

Sara Morales, es una de las colombianas que ha tenido el valor de denunciar los vejámenes a los que fue sometida durante más de una década. A la edad de 11 años ingresó a la fuerza a las filas del bloque del Magdalena Medio de las extintas FARC.

Asegura que fue víctima de agresiones sexuales y testigo de abortos, de torturas, de malos tratos, de machismo e indiscriminación “a los combatientes que fueran homosexuales”.

Cuando su hija mayor cumplió dos años, afirma que sus superiores en la guerrilla, casi se la arrebatan para “regalársela” a una pareja extranjera. Luego de permanecer 11 años en las filas de la guerrilla, Sara huyó, llevando con ella a un menor de 13 años que había sido también reclutado a la fuerza, meses atrás.

La joven mujer, afirma que aún estando en la guerrilla informó a su entonces superior, Pastor Alape, las agresiones sexuales a las que ella y otra compañera habían sido sometidas, pero que la respuesta a cambio a su solicitud se había convertido “en un objeto de burla”.

“Nos utilizaron como mercancía y nos pasaban de mano en mano entre cabecillas de las FARC”, señaló la valiente mujer que presentó denuncia formal ante la JEP el pasado 30 de agosto. “La apertura del macrocaso 11, era algo que estábamos hacía tiempo esperando”.

De acuerdo con el reporte entregado por la Jurisdicción especial para la paz, el 89,2 por ciento de los casos denunciados son mujeres y el 35 por ciento sufrieron esos delitos de violencia cuando eran niñas, niños y adolescentes.

Por su parte, Yolanda Perea, presidenta de la Fundación Arrópame con tu Esperanza, denunció su caso y el de otras 1.600 víctimas en agosto de 2018 ante la JEP, esperando que se haga justicia y sea recibida la reparación correspondiente. En la actualidad, la apertura del macrocaso 11 es visto por ella como un paso positivo en la búsqueda de la justicia. “Se renuevan nuestras fuerzas para seguir reclamando”.

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