¿Las Fuerzas Militares tienen garantías para cumplir con sus funciones constitucionales?
En el más reciente hecho, 16 militares fueron secuestrados en la madrugada de este 12 de abril por una comunidad indígena en el municipio de Toribío, en el departamento del Cauca (Colombia). Horas después fueron liberados y entregados a una comisión de la Defensoría del Pueblo.
En el otro hecho en lo que va del año, el pasado 2 de marzo 70 policías fueron secuestrados en San Vicente del Caguán por integrantes de una comunidad campesina. Dos personas fueron asesinadas: el policía Ricardo Arley Monroy y el civil Reinaldo Arévalo.
Sobre el tema, hablaron en el programa La Noche de NTN24 Daniel Molano, defensor del Pueblo regional del Cauca; General (R) Guillermo León León, presidente nacional de Asociación de Oficiales de Retiro de las Fuerzas Militares de Colombia (ACORE) – Colombia; la senadora Aida Marina Quilcué por la Circunscripción Especial Indígena y Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático.
El defensor del Pueblo señaló que todo esto ocurrió al parecer por una confusión de los militares, quienes perseguían a un hombre con antecedentes judiciales y terminaron hiriendo a un miembro de la comunidad indígena.
“Ellos daban cuenta de un presunto procedimiento irregular, que había un allanamiento y una orden de captura, pero a quien se capturó y resultó herido fue a una persona diferente a la que se buscaba. Esto es materia de investigación, nosotros solo fuimos a cumplir nuestra labor y en horas de la tarde nos lo entregaron”, señaló el defensor y puntualizó: “tenemos conocimiento absolutamente comprobado de que la persona que salió lastimada en estos hechos no tenía orden de captura”.
Esto fue respaldado por la senadora Aida Marina Quilcué, quien le mandó un mensaje al fiscal general Francisco Barbosa: “Lo que ocurrió fue por herir a un comunero indígena que no tenía nada que ver con la persona que estaban persiguiendo y ahí actúa la comunidad. Yo le digo al fiscal que la justicia ordinaria es constitucional, pero la circunscripción indígena lo es, y que aquí hay una competencia porque se puso en riesgo la vida de un comunero”.
Por otra parte, el General (R) Guillermo León León indicó que hay una preocupación alrededor de las Fuerzas Militares y tiene que ver con las garantías que tienen para cumplir con sus funciones constitucionales: “Nos preocupa es que estos hechos han sido recurrentes, episodios como los que se presentaron en Toribio y San Vicente del Caguán se han presentado con anterioridad. Esto debemos analizarlo porque en esas zonas confluyen las economías ilegales, un débil control territorial, el crimen organizado y violencia generalizada contra la población civil, entonces debemos abordarla con mucho cuidado porque significa una reflexión para el país de lo que está sucediendo y ahora nos compromete si existen las condiciones para ejercer la autoridad del Estado en todo el territorio y si está respaldada para cumplir su misión constitucional”.
Y añadió que otra preocupación es que las organizaciones al margen de la ley estén instrumentalizando a estas comunidades: “Nos preocupa la instrumentalización de nuestros indígenas y campesinos para ser utilizados en conductas que pueden convertirse en situaciones punitivas, mirar si hay presión de grupos al margen de la ley para el actuar de estas poblaciones”.
La senadora Paloma Valencia fue más enfática en decir que la instrumentalización ya existe y lo hacen para evitar que el Ejército cumpla con sus funciones constitucionales. “Aquí lo que estamos viendo es la instrumentalización de las comunidades que hacen los grupos narcoterroristas de este país. Lo que vimos en Los Pozos, en San Vicente del Caguán, fue una comunidad campesina mezclada con grupos ilegales que estaban impidiendo que las Fuerzas Armadas cumplieran con su deber. Lo que vimos ahora es similar, los militares iban a capturar a un delincuente con orden judicial e impidieron su captura; un comunero fue herido pero las circunstancias no son claras, se deben investigar, pero yo veo es nuevamente el secuestro a las fuerzas armadas, impedir que cumplan sus funciones constitucionales y hasta su vida estaba en riesgo”.
