“Nos vemos en el asfalto”: Un año de la epopeya callejera contra Maduro

Este 1 de abril se cumplió un año del inicio de los cien días de las protestas que sacaron el peor rostro del aparato represor del Estado venezolano que criminalizó, como nunca antes, la exigencia pública ciudadana de restituir la democracia.

Tras la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, que asumía los poderes de la Asamblea Nacional, la Mesa de la Unidad Democrática convocó a una ‘gran marcha’ hacia la sede del máximo juzgado que tenía como fecha 19 de abril. 

Pero los manifestantes no esperaron por liderazgos políticos y salieron a las calles apenas comenzó el mes. 

Unos desarmados, pacíficos, otros encapuchados, con escudos de cartón y molotov, pero todos, absolutamente todos, con voluntad de lograr un cambio ese mismo año. 

“Los guarimberos” se volvieron emblema de la protesta de calle, tenían más determinación y discurso que los demagogos tradicionales. Estaban claros: darían la vida de ser necesario. 

Ante el adelanto de las manifestaciones, el presidente Nicolás Maduro anunció la activación del Plan Zamora, una especie de unión cívico/militar para “defender” la nación de planes “desestabilizadores”. 

“Nos vemos en el asfalto”, era el saludo de los venezolanos que se encontraban casi a diario en las calles con la intención de llegar a cualquiera de las sedes de los órganos públicos para manifestar su descontento por la pérdida de todos sus derechos democráticos. 

En Caracas jamás lograron pasar de la avenida Libertador, donde centenares de uniformados, tanquetas, ballenas y millones de municiones se enfilaron sin discriminación contra el pueblo.  Los heridos se contaban por decenas. La imagen de replicaba en el interior del país. 

Fue entonces cuando la comunidad internacional comenzó a llamar a Maduro como el resto de los venezolanos: “el dictador, el tirano”. No había dudas de que Venezuela, otrora ejemplo de libertades y democracia, había sucumbido al totalitarismo que tentó a Hugo Chávez y que éste heredó a su sucesor, Nicolás Maduro, quien lo asumió sin escrúpulos. 

Para el 19 de abril ya se contaban 17 venezolanos asesinados por agentes de seguridad del Estado. El primero de ellos fue Jairo Johan Ortiz Bustamante, de 17 años, quien participaba en una manifestación en Los Altos Mirandinos, en la periferia de Caracas.  

También hubo ejecuciones sumarias, detenciones arbitrarias, torturas, tratos crueles e inhumanos, uso de sustancias tóxicas vencidas, sometimiento de civiles a la justicia militar, miles de heridos graves, ataques a centros de salud, francotiradores apostados en edificios de uso oficial, allanamientos sin orden judicial y ataques despiadados a domicilios privados.

Mientras se castigó de manera inclemente la actuación de ciudadanos desesperados por el hambre, la falta de medicinas, y la falta de instituciones, se permitió, con total impunidad, que grupos de civiles fuertemente armados, llamados colectivos, atentaran contra la vida de inocentes, saquearan y destrozaran comercios y viviendas.  El Plan Zamora les dio el permiso de actuar con saña. 

A los detenidos se les procesó por ‘traición a la patria’, ‘instigación a la rebelión’, ‘ultraje al centinela’, entre otros. 

Más de 5 mil personas fueron aprehendidas violentamente. La mayoría ilegalmente sometida a la justicia militar.

Muchos denunciaron abusos sexuales, tratos crueles y degradantes. Otros fueron obligados a comer excremento.  

Mes y medio más tarde, las calles seguían encendidas. El 17 de mayo el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, anunció la activación del Plan Zamora, en su Fase Naranja II, alegando que había un golpe de Estado en marcha. 

La orden emanada del máximo jefe castrense implicó el despliegue de 2 mil efectivos militares, entre GNB y Ejército, en el estado Táchira, símbolo de lucha ciudadana. La represión en la entidad alcanzó otro nivel.

El patrón represivo se acentuó aún más en todo el país. 

Los manifestantes fueron calificados de “enemigos internos”, “terroristas” y “agentes desestabilizadores”

Vehículos identificados con logos oficiales arrollaban a manifestantes. 

La crueldad con la que actuaron los funcionarios no tenía límites. ´Cross´, un perro mestizo de los edificios Los Verdes, en el Paraíso, recibió un impacto en el ojo por funcionarios del SEBIN por ladrar durante el allanamiento a la casa de su dueña.

Lejos de lamentar las pérdidas de vida, el gobierno justificó su actuación y mantuvo su esquema opresor mostrando los hechos como un gran triunfo político.  Para los adeptos al oficialismo, el éxito de Maduro había sido "resistir" a cualquier precio. 

La muerte de Neomar Lander, David José Vallenilla y Juan Pablo Pernalette, entre otras, fueron consideradas como crímenes atroces por la comunidad internacional y las ONG dentro del país. 

Aquellos hechos provocaron una fisura en el seno de chavismo. La fiscal Luisa Ortega Díaz, ficha clave de la "revolución bolivariana", manifestó públicamente su descontento. Esto le costó el cargo y el exilio. 

Los disidentes del chavismo se volvieron más críticos y hasta entablaron conversaciones con dirigentes de oposición.

La prensa internacional se mudó a Venezuela. Inundaron las redes con imágenes de minusválidos protestando, de monjas asfixiadas por el gas pimienta, de un violinista siendo brutalmente agredido y despojado de su instrumento, de un joven desnudo frente a una tanqueta, de políticos arrastrados por la fuerza hidráulica de la "ballena", miles de madres llorando a sus hijos, decenas paramédicos auxiliando a los heridos, muchos voluntarios, muchas balas.

El 29 de junio el GD Eldan Domínguez, jefe de la ZODI-Aragua emitió la orden de activar el Plan Guaicaipuro en fase roja.

Bajo la ejecución de estos tres planes se violaron sistemáticamente los derechos humanos de los venezolanos. 

Rocío San Miguel, coordinadora Ejecutiva de la ONG Control Ciudadano, y entre otros expertos, denunciaban que nadie conocía, en papel, el alcance de esos planes militares anunciados por el Gobierno.

Los días eran de protestas y las noches de allanamientos. Agentes del Estado y colectivos aprovechaban la oscuridad para allanar residencias enteras buscando a los más jóvenes de las familias, causar destrozos, robos y detenciones sin orden judicial. Fue la ley del oeste.

Los colectivos saqueaban, destruían la propiedad privada y asesinaban a personas. 

La actuación desmedida de estos grupos alcanzó a la sede de la Asamblea Nacional.

El 5 de Julio, durante la sesión solemne, entraron por la fuerza al Palacio Federal y atacaron a todos los presentes, dejando 17 heridos, decenas de vehículos destrozados y varias motos robadas. 

Por tratarse de un lugar histórico y de trascendencia nacional este ataque armado violó varios tratados internacionales. Las autoridades nunca abrieron una investigación en torno al hecho

Expertos en derechos humanos, como Liliana Ortega, de COFAVIC, aseguran que en esta oportunidad se aplicó un patrón sistemático de violación de derechos humanos y que la actuación fue mucho más cruel que en el Caracazo de 1989.

Abundan pruebas de que estos hechos de violencia fueron cometidos por funcionarios uniformados que utilizaron unidades tácticas del Ejército, de la GNB y la Policía Nacional Bolivariana. Todo era planificado; se jugó al desgaste.

Los uniformados olvidaron todos los proceso de persuasión y los ataques armados a personas inocentes fueron concretos y directos. 

El presidente Maduro anunció lo que para él sería la solución: una Asamblea Nacional Constituyente, algo que la oposición política rechazó de tajo al considerar que la única solución era la renunciara y unas elecciones libres. 

Sin embargo, el presidente siguió adelante y la Constituyente se convirtió en un propósito de bando y bando. Era el fin o el comienzo.

Para el domingo 30 de julio el cansancio era evidente, casi 200 venezolanos habían perdido la vida y se instaló la Asamblea Nacional Constituyente con todos sus miembros del oficialismo radical. El lunes, ya no había propósito de lucha. Una vez más la fuerza y la bala se imponen. 

A un año de estos lamentables hechos, el Estado venezolano no ha permitido que los relatores de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos visiten el país a constatar los abusos y excesos.

Durante estos casi 100 días de conflicto el Capítulo III de la Constitución sobre los Derechos Humanos quedó sin efecto.

Buena parte del contenido de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional, del Servicio de Policía y la Resolución 008610, que norma la actuación de la FAN en manifestaciones públicas, se violentaron de manera flagrante.

Los Pactos Internaciones en materia de Derechos Humanos, sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego durante manifestaciones públicas suscritos por la República Bolivariana de Venezuela y establecidos por la ONU, quedaron desechos. Lo mismo ocurrió con el Convenio de Ginebra. 

La democracia no fue recuperada, pero fue esa epopeya callejera la que puso a Maduro en el cuadro de los dictadores más crueles de la historia de la humanidad y llevó a tres continentes a dictar sanciones económicas contra su régimen por violar todos los derechos fundamentales de los ciudadanos. 

Un año después, el dictador sigue en el poder y promete reelegirse en unos comicios hechos a su medida, sin competencia, sin credibilidad ni popularidad, pero bajo un sistema electoral que le garantiza la continuidad en el poder bajo un proceso que ha sido anticipado por varios analistas como “el más sucio” en la historia de Venezuela. 

Maryorin Méndez / Yira Yoyotte