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Domingo, 22 de diciembre de 2024
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Oficialmente queda sin efecto resolución que regula servicio de delivery en Venezuela

Foto tomada de El Nacional
Foto tomada de El Nacional
La nomativa principalmente exigía una conseción para los prestadores de servicios, que sería gestionada a través del Instituto Postal Telegráfico de Venezuela (Ipostel).

Autoridades venezolanas emitieron un comunicado este jueves en el que dejan sin efecto la resolución de la Gaceta Oficial N° 42.813, en la que se estipula un reglamento para regular los servicios de reparto a domicilio o delivery en el territorio nacional.

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"Se acordó dejar sin efecto la resolución del Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, (referida al servicio de entrega a domicilio y publicada en Gaceta Oficial N° 42.813, del 5 de febrero de 2024), y transferir el Instituto Postal Telegráfico de Venezuela (Ipostel) al Ministerio del Poder Popular para el Transporte; decisión que fue acogida con gran beneplácito por parte de las empresas prestadoras de delivery", expresa el comunicado publicado por el Ministro de Comunicación e Información Freddy Ñañez.

La normativa principalmente exigía una concesión para los prestadores de servicios, que sería gestionada a través del Instituto Postal Telegráfico de Venezuela (Ipostel).

Según el Gobierno, la regulación busca garantizar la seguridad de los datos de los compradores, la entrega segura y a tiempo, y el registro de todos los motorizados que se dediquen a la actividad, además del cobro del 1 por ciento del valor de la entrega. Tales condiciones alborotaron la opinión pública, generando descontento y preocupación tanto en el sector de comercios como en los repartidores.

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En horas de a tarde de este miércoles, representantes de las compañías de Ridery, Pedidos Ya, Yummy, entre otros prestadores de servicio de entregas sostuvieron una reunión con la vicepresidenta Delcy Rodríguez.

En el encuentro discutieron cómo definir una ruta que permita el avance entre el sector público y privado, elaborar una propuesta jurídica que proteja a las compañías.


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