Organizaciones de DD. HH. denuncian detención arbitraria de una estudiante a manos del régimen nicaragüense
El pasado lunes 21 de agosto en horas de la tarde, el Movimiento Defensa Estudiantil UCA denunció la detención por parte de civiles de Joseling Mayela Campos Silva.
De acuerdo con la organización, la privativa de libertad se registró en el domicilio de Campos, una vivienda ubicada en Veracruz carretera a Masaya.
"Mayela es estudiante de III año de ingeniería civil en la Universidad Nacional de Ingeniería y activista feminista", denunció la formación estudiantil a través de la red social Twitter.
“Un familiar informó sobre la detención de Mayela. Todo apunta a que dos hombres estuvieron vigilando afuera de su residencia. Su paradero es desconocido, exigimos se le respete a Mayela su integridad y se le ponga en libertad", acotó la organización.
Previo a la captura, la estudiante grabó un breve video que envió a sus amistades alertando de su inminente detención. "Sin mucho que agregar, afuera de la casa están dos personas y supongo que voy arrestada", denunció la joven.
Con este hecho, tres estudiantes hacen parte de la lista de mujeres detenidas a manos del régimen nicaragüense. Arrestos que según la oposición de Daniel Ortega tienen como finalidad callar la voz de lucha de los recintos académicos autónomos del país.
Dicho listado lo completa Adela Espinoza, egresada de la carrera de comunicación social de la UCA, del Movimiento estudiantil en defensa de la UCA, detenida el pasado sábado, y Gabriela Morales, activista y estudiante de la carrera Trabajo Social en la Universidad Juan Pablo Segundo.
Al parecer tanto la población estudiantil como la Iglesia católica son la piedra en el zapato para el régimen que controla Daniel Ortega, debido a las masivas detenciones y destierros registrados en lo que va de 2023.
Desde las protestas de abril de 2018, la catalogada “dictadura nicaragüense” inició una arremetida contra la Iglesia católica acusándola de lavado de dinero, de traición a la patria y de promover un golpe de Estado.
Entre los perseguidos por Ortega resalta el caso del obispo Rolando Álvarez, que por pensar distinto al régimen fue condenado a 26 años de cárcel. Para evitar la misma historia, más de 100 sacerdotes han huido del país.
