Polémica liberación de integrantes de ‘Primera Línea’ detenidos y procesados por vandalismo
En La Noche, la noticia hoy está en Colombia, y es, el acelerador que pisa fuerte y con premura el Gobierno del Presidente Gustavo Petro para sacar de prisión a los integrantes de la autodenominada “primera línea”. Es decir, a aquellos detenidos acusados de los graves disturbios, acciones de terrorismo urbano y crímenes cometidos durante el llamado “paro nacional de 2021”.
Hablamos del decreto presidencial del gobierno colombiano para lograr ese controversial propósito bajo la figura de “gestores de paz”. Aquí lo tienen ustedes en pantalla, es el número 2422 con fecha del 9 de diciembre de 2022 pero divulgado cuatro días después. El decreto crea la denominada "Comisión Intersectorial para la Promoción de la Paz, la Reconciliación y la Participación Ciudadana".
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Según el decreto, esta comisión tendrá dentro de sus funciones "recomendar la admisión o exclusión de ciudadanos pertenecientes a organizaciones sociales y humanitarias que se encuentren privadas de la libertad como voceros en el marco de lo establecido en el artículo 5 de la Ley 2272 de 2022". Recordemos que la Ley 2272 es la que prorrogó la ley de orden público, la 418 de 1997, y es sobre la que el gobierno Petro sustenta su política de paz total.
¿Quiénes integran la comisión intersectorial? El artículo 2 del decreto 2422 establece que la comisión será presidida por el ministro de Justicia, Néstor Osuna, su delegado. En ella están el ministro del Interior, Alfonso Prada, o su delegado; el ministro de Defensa, Iván Velásquez o su delegado y el director del Departamento Administrativo de Presidencia, Mauricio Lizcano o su delegado.
Desde el sector político opositor al gobierno Petro, reunido en el partido Centro Democrático, ya se alistan demandas. Los congresistas José Jaime Uscátegui, Paloma Valencia, Paola Holguín y María Fernanda Cabal radicarán este miércoles una demanda de inconstitucionalidad a la Ley 2272 de 2022.
El debate frente a quiénes pueden ser voceros de paz, y los argumentos que serán expuestos en las acciones jurídicas que tomarán los congresistas opositores.
El decreto 2422 de la presidencia de Colombia también es susceptible de demandas. Abogados consultados por el programa La Noche aseguran que el camino jurídico, en aras de revertir la decisión del presidente Petro, es una demanda de nulidad que en este caso debe ser tramitada ante el Consejo de Estado.
Mientras hablamos de lo que implicarán los beneficios a los integrantes de la primera línea hoy presos, recordemos en qué están actualmente las investigaciones y procesos judiciales adelantados gracias a un arduo y extenso trabajo de la Fiscalía General.
¿Qué pasará entonces con todo el acervo probatorio en manos de la Fiscalía contra los de la primera línea? ¿En qué quedarán las pruebas de los terribles y graves crímenes durante el llamado paro nacional de 2021? Los colombianos no olvidan los bloqueos viales y el daño que ocasionaron al aparato productivo del país, tampoco el secuestro y tortura de policías, los ataques a las misiones médicas, ni las víctimas fatales que dejaron las acciones criminales de los encapuchados, incluidos recién nacidos que no pudieron llegar a una clínica.
