Sectores denuncian fines proselitistas de marchas convocadas por el gobierno de Gustavo Petro
Esta semana se registró en Colombia un nuevo capítulo de movilizaciones en diferentes regiones del país. El presidente Gustavo Petro y sus seguidores organizaron una serie de marchas con el objetivo de ejercer presión sobre el Congreso de la República, donde actualmente se encuentran en debate proyectos cruciales que abordan reformas laborales, de salud y de pensión.
Las manifestaciones se llevaron a cabo en las principales ciudades del país, incluyendo Bogotá, Cali, Barranquilla y Medellín. En la capital, la plaza de Bolívar, ubicada en el centro de la ciudad, se convirtió en el epicentro de las protestas, atrayendo a una multitud estimada en 32.000 personas, según las autoridades locales.
Sin embargo, estas marchas también estuvieron marcadas por la destacada presencia del Consejo Regional Indígena del Cauca. La llegada de alrededor de 18.000 miembros de diversas comunidades indígenas a Bogotá generó controversia, ya que su financiamiento - según diferentes denuncias - provino del gobierno de Gustavo Petro.
De acuerdo con cifras del Departamento Administrativo de la Presidencia, las marchas del 27 de septiembre tuvieron un costo aproximado de 263 millones de pesos colombianos, destinados a la logística y acondicionamiento de los espacios públicos donde se congregaron los manifestantes en la Plaza de Bolívar.
En el programa 'La Noche', se abordó a fondo esta polémica, analizando diversas perspectivas en torno a la marcha bajo el tema 'Diálogo social nos movemos por la vida'.
Los invitados para debatir fueron: Daniel Briceño, abogado especialista en derecho público y candidato al concejo de Bogotá por el partido Centro Democrático; Heráclito Landínez, congresista colombiano y representante a la cámara por la coalición del Pacto Histórico; y Camilo Granada, analista político y exconsejero presidencial para la defensa y seguridad nacional de Colombia.
