“Siempre será difícil recordar porque marca un antes y un después en nuestras vidas”: Gisela Ortiz, hermana de una de las víctimas de la masacre de la Cantuta en Perú
Gisela Ortiz, portavoz de las familias víctimas de la operación Cantuta en Perú y hermana de una de las víctimas, denunció “injusticia e impunidad” ante esta masacre en el programa Desde Adentro de NTN24.
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“Creo que la paz nos la da la justicia y todavía no la hemos alcanzado, primero porque uno de los principales responsables, el expresidente Alberto Fujimori, fue condenado a 25 años de prisión por este crimen, pero ha sido indultado indebidamente por el gobierno y eso nos roba la paz que en algún momento sentimos con la condena; y por otro lado todavía hay juicios en proceso contra algunos responsables y en medio de este contexto tenemos a un Congreso aprobando leyes para beneficiar a las pocas personas que están siendo procesadas”, aseveró la invitada.
Sobre lo que significa para ella recordar este suceso dijo: “Siempre será difícil recordar porque marca un antes y un después en nuestras vidas como familia y creo que a lo largo de estos años hemos aprendido a convivir con ese dolor y esto nos ha hecho fuertes, aunque es inevitable llorar de vez en cuando porque a ese vacío también se suma la injusticia, la impunidad, todo el estigma que se ha generado tras la desaparición de nuestros familiares y la rabia de vivir en países como en Latinoamérica donde los gobernantes siempre están pensando como favorecer a los violadores de Derechos Humanos”.
Gisela encontró el cadáver un año y dos meses después de su desaparición en una fosa que los involucrados habían delatado: “al verlo ahí me dieron ganas de despertarlo y decirle que mis papás estaban preocupados, fue muy duro para nosotros, pero también fue enfrentarnos a la verdad”.
La masacre de la Cantuta ocurrió el 18 de julio de 1992 cuando el Grupo Colina, un grupo paramilitar conformado por agentes del Servicio de Inteligencia del Ejército en el periodo gubernamental del presidente Alberto Fujimori, secuestró a un profesor y nueve estudiantes de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, y, posteriormente los ejecutó.
Por esta masacre, el expresidente Fujimori fue condenado a 25 años de prisión al ser econtrado responsable de este suceso y la Corte Suprema determinó que ninguna de las víctimas estaba vinculada con alguna organización terrorista.
