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Domingo, 22 de diciembre de 2024
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Minería

Los motivos por los que ciudadanos se oponen y protestan contra un acuerdo minero en Panamá

Rodrigo Noriega, doctor en Derecho Internacional Ambiental, explicó los motivos detrás las protestas en Panamá en el programa Cuestión de Poder de NTN24

En Panamá, continúan las protestas contra un acuerdo minero. Cientos de ciudadanos exigen al Gobierno de Laurentino Cortizo que revierta la renovación de una concesión a Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals, que explota la mayor mina de cobre a cielo abierto de Centroamérica.

El pasado viernes, la Asamblea Nacional aceptó el proyecto de Ley que renueva el contrato de concesión. Ese mismo día, el presidente dio la aprobación final para que se autorice la renovación del contrato y se publicara en la gaceta oficial.

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Aunque la mina funciona desde 1997, el reclamo es que la negociación del contrato actual se dio pese a que la Corte Suprema de Justicia, en 2017, declaró como inconstitucional el contratode explotación original porque no representaba, según sus críticos, los mejores intereses para el Estado.

Según el contrato, la minera debe realizar un pago anual al Estado de, mínimo, 375 millones de dólares. Además, en otros rubros, la empresa calcula que los pagos totales por impuestos y regalías para los años 2022 y 2023 alcancen los 770 millones de dólares.

A pesar de los ingresos económicos que se espera que genere el proyecto, ciudadanos protestan contra la mina por el riesgo ambiental, dicen, y porqué First Quantum creen que podría aportar más a las finanzas panameñas.

¿Por qué es tan relevante esta mina para Panamá?

Rodrigo Noriega, doctor en Derecho Internacional Ambiental y quien fuera miembro de la Junta Directiva del Centro de Incidencia Ambiental y columnista del diario La Prensa de Panamá, explicó los motivos detrás las protestas en Panamá en el programa Cuestión de Poder de NTN24.

“La mina pone en riesgo el agua para las necesidades del canal de Panamá”, explicó el experto que afirmó que el contrato se aprobó sin consulta ciudadana y en un tiempo récord.

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