¿Qué se sabe del nuevo impuesto a transacciones en divisas en Venezuela?
El pasado 3 de febrero de 2021, el Parlamento chavista aprobó una reforma de la Ley de impuesto a las grandes transacciones financieras que incorpora el cobro de una alícuota del 3 % sobre las transacciones en divisas o en criptomonedas en personas naturales o jurídicas.
Esta nueva Ley permite al Estado una mayor recaudación en materia tributaria y su objetivo es fomentar el uso del bolívar como moneda para las transacciones.
Manuel Iturbe, presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, recuerda que el bolívar perdió todo sentido de poder adquisitivo debido a la política macroeconómica del país dejando que desde hace 3 años se use el dólar en el 60 y 70 % de las operaciones.
Sobre la aplicación de la Ley, Iturbe estima que los más afectados serán las personas necesitadas que normalmente pagan en efectivo, debido a que se le cargará un 3 % adicional sobre el monto de su compra. Sin embargo, resaltó que debido a la informalidad que existe en el mercado habrá una evasión importante de esta nueva Ley. Explicó que aquellos que paguen en bolívares no tendrán el cargo del nuevo impuesto.
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En tanto, alertó que los comercios corren el riesgo recibir sanciones elevadas que van del 500 al 1000 % sobre las transacciones realizadas. “Los comerciantes se enfrentan a problemas administrativos y de inversión que tiene que hacer el sujeto pasivo especial para cumplir con los pasos del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat)… Hay demasiada inseguridad sobre la interpretación de muchas normas”.
Rechazó que hasta el momento no se haya realizado una consulta pública donde los involucrados evalúen las implicaciones que se presentan con la instauración de la reforma, como las limitaciones para adquirir máquinas fiscales que ni siquiera se encuentran en el país y tienen un costo en el extranjero de entre 500 y 1000 dólares.
“El país no está preparado… las empresas necesitan hasta tres meses para adecuar el sistema”, sostuvo en entrevista con Unión Radio.
Por otra parte, Ítalo Atencio, presidente de la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios (ANSA), advirtió que un porcentaje mayoritario de los establecimientos no han podido ajustarse a la nueva legislación, en la mayoría de los casos las máquinas no estaban preparadas para la actualización o los comercios no habían podido adquirir nuevas.
La norma, que entró en vigor este lunes, ha generado preocupación en los ciudadanos debido al temor de un aumento desproporcionado de precios de los productos.
Según el economista José Guerra, la normativa afecta a las empresas y personas naturales por el encarecimiento de las transacciones.
De acuerdo a lo reseñado por El Nacional, Guerra estima que las empresas que tienen empleados remunerados en la divisa estadounidense también serán objeto del cobro del impuesto generando un efecto cascada que afectará todas las actividades comerciales del país.
