Oficina de Víctimas de la CPI coincide en que "Venezuela no investiga, ni investigará" crímenes de lesa humanidad
La Corte Penal Internacional (CNP) realizó este martes 7 de noviembre, la primera de dos audiencias de apelaciones, luego de que el régimen de Nicolás Maduro presentara un recurso para refutar la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares, que dio luz verde al fiscal Karim Khan para continuar las investigaciones por crímenes de lesa humanidad denunciados en Venezuela.
El juez Marc Perrin de Brichambaut dio inicio a la audiencia poniendo en contexto el caso de Venezuela y solicitando a las partes que eviten referirse a las partes clasificadas de la investigación, debido al carácter público de la sesión.
Durante la audiencia pública, la Oficina de Defensa Pública de las Víctimas de la CPI, la representante de la oficina, Paolina Massidda, apuntó que las víctimas dieron razones de que el sistema judicial del país no investiga los crímenes.
"La posición de las víctimas es muy clara. Venezuela no investiga ni investigará los crímenes hacia sus familiares y amigos (...) si no toman en cuenta esto, las investigaciones en Venezuela no serán efectivas", aseveró.
Asimismo, la integrante de la Oficina de Defensa, respaldó la postura de la Fiscalía de la CPI en la que señala que el Estado venezolano no debía identificar hechos penales específicos que se pretendían investigar.
"Venezuela dice que esta notificación solo debe contener los incidentes que el Fiscal pretende investigar, nosotros estamos en desacuerdo, la notificación debe ofrecer parámetros específicos que muestre el alcance de la investigación prevista por el Fiscal, pero no se requiere por derecho que se identifiquen los actos criminales específicos que la fiscalía intenta o pretende investigar".
Por su parte, el abogado británico Ben Emmerson, el canciller Yvan Gil, el secretario del Consejo de Derechos Humanos, Larry Devoe; y Karen García de la dirección de Derechos Humanos del Ministerio Público defendieron la posición del régimen venezolano.
Emmerson argumentó que "el procedimiento previsto en el Estatuto de Roma en cuanto al principio de complementariedad no ha sido respetado". A juicio del régimen, la notificación de la Sala de Cuestiones Preliminares no contenía suficiente detalles de los casos, que asegura imposibilita la investigación.
"No incluía ni edad, ni fecha, ni ubicaciones específicas de los incidentes, ni el número aproximado de las víctimas o el grupo, el colectivo o las personas responsables de estos incidentes. Es decir, que no había información que permita que Venezuela responda".
"Es imposible que un Estado dé una notificación efectiva o pedir un aplazamiento, cuando la Fiscalía solo ha dado una lista de crímenes de los que se sospecha. No se han notificado los crímenes que se pretende investigar", afirmó Emmerson al tiempo que acusó a la CPI de basarse en especulaciones.
