Polémica en Italia por decreto que busca castigar las fiestas electrónicas o “raves”
Está semana el Gobierno de Giorgia Meloni, primera ministra de Italia, se encuentra en el ojo del huracán tras el anuncio de un polémico decreto que buscaría castigar las fiestas electrónicas en el país.
El texto, aprobado en el primer Consejo de Ministros, señala que quienes organicen o participen en los “raves” o mejor conocidas como fiestas de electrónica tendrán penas de varios años de cárcel.
El delito podría tener de tres a seis años de prisión y tendría una multa de entre 1.000 y 10.000 euros para aquellos que participen promoviendo u organizando los famosos “raves”.
Dentro de las sanciones para las fiestas electrónicas también estaría que se podrían confiscar los equipos de música, furgonetas y camiones que se usen en dichos festejos.
El decreto se daría como medida para prevenir “la invasión de terrenos o edificios para reuniones de más de 50 personas que sean peligrosas para el orden o la seguridad o la salud públicos".
El ministro del Interior, Matteo Piantedosi, señaló que esto solo ayudaría a frenar un fenómeno que es costoso para el Estado.
“Ofrecen nuevos y más efectivos instrumentos gracias a los cuales será posible intervenir rápidamente para frenar un fenómeno que es particularmente costoso para el Estado, y por ende para la comunidad, ya que requiere el compromiso de importantes recursos y de muchos agentes del orden público”, aseveró el político italiano.
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La oposición de Meloni destacó que esto suscitaría que el decreto se pueda extender a todo tipo de manifestaciones, entre ellas la ocupación de escuelas y universidades a modo de protesta.
Enrico Letta, líder del Partido Democrático, aseguró que se trata de un error muy grave y que “los raves o fiestas electrónicas no tienen nada que ver con ese texto. Se está poniendo en cuestión la libertad de los ciudadanos”.
Tras el anuncio del decreto varios internautas criticaron la medida, ya que la dureza de las condenas implicaría que puedan escuchar las conversaciones telefónicas, algo que en un principio puede servir para delitos muy graves como fraude fiscal o mafia.
Esta medida se da luego de que el pasado fin de semana miles de jóvenes italianos y de otros países de Europa participaran en una fiesta de electrónica ilegal ocupando una nave en un territorio agrícola en Modena, en el centro del país.
