Diversas ONG expresan preocupación por la amnistía general que propone Gustavo Petro para Venezuela
Organizaciones defensoras de derechos humanos han mostrado su preocupación por la propuesta realizada por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, de pactar una amnistía general en Venezuela.
Las ONG señalan que este término es ilegal en la Constitución venezolana y las leyes internacionales de derechos humanos pues abre la posibilidad de que se incluyan a violadores de derechos humanos o criminales de lesa humanidad.
El presidente colombiano propuso una amnistía general para la negociación entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición venezolana.
Sin embargo, su propuesta genera incertidumbre y preocupación entre los activistas del país vecino pues temen que pueda existir una “garantía de impunidad”.
Calixto Ávila, miembro de la ONG ‘Provea’, expresó al respecto que “aunque el presidente Petro parece estar propiciando la liberación de presos políticos en el país, no deja de causar inquietud que haya hablado de una amnistía general”.
El director de la ONG ‘Acceso a la Justicia’, Alí Daniels, destacó que esta propuesta implica “no solo que se deje sin efecto las condenas o las penas que están pasando presos políticos, sino también a aquellos que son señalados como perpetradores de crímines de lesa humanidad”.
Los activistas de derechos humanos en Venezuela también hicieron énfasis en que un acuerdo que pueda llegar a perdonar violaciones a los derechos humanos o crímines de lesa humanidad está prohibido en el artículo 29 y 30 de la Constitución venezolana.
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Tamara Taraciuk, subdirectora para las Américas de Human Rights Watch, por medio de su cuenta de Twitter se pronunció sobre la propuesta de Petro explicando que “Colombia puede jugar un rol clave para proteger los derechos humanos y eso incluye que las víctimas del régimen de Nicolás Maduro tengan acceso a la Justicia. Hoy, la posibilidad de Justicia no existe en Venezuela”.
“La amnistía e indultos nunca pueden emplearse en casos de crímines contra la humanidad. Los responsables, incluyendo al más alto nivel, debe ser debidamente investigados y sancionados”, añadió Taraciuk.
La jurisprudencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Estatuto de Roma prohíben explícitamente una amnistía general, por lo que una ilegal amnistía no detendría una investigación en la Corte Penal Internacional (CPI).
No obstante, desde las ONG informaron que una amnistía bien aplicada debería liberar a los 257 presos políticos que aún se encuentran en Venezuela y a los más 15.000 procesados por delitos políticos en los últimos años.
“La amnistía se ha implementado en sociedades donde la concordia ha estado fragmentada, no hay unión entre las partes y donde hay grandes conflictos políticos y es una solución para restablecer esos vínculos de convivencia”, aseguró Kelvin Zambrano, miembro de la Coalición por los Derechos Humanos.
