Informe Bachelet destaca la escasez de vacunas y criminalización de la protesta en Venezuela
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentó este lunes un informe en el que detalla los recientes acontecimientos respecto a los derechos humanos en Venezuela y la asistencia de su oficina en el país.
El informe abarca el período comprendido entre el 1ro de junio de 2020 y el 30 de junio de 2021 y muestra un panorama general de la nación caribeña y ofrece recomendaciones y áreas de futura cooperación.
En este sentido, Bachelet asegura que en Venezuela persisten los desafíos para combatir la pobreza en el país debido a la mala asignación de recursos, la falta de mantenimiento de la infraestructura pública y la grave subinversión en servicios esenciales.
Por lo tanto, confía en que el diálogo desarrollado entre el gobierno socialista y la oposición en México pueda conducir a soluciones significativas y se traduzca en mayores avances para la protección de los derechos humanos en Venezuela.
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A su juicio, las sanciones contra el régimen venezolano y el impacto de la pandemia de covid-19 han aumentado aún más la escasez de recursos disponibles.
“Las medidas coercitivas unilaterales sectoriales exacerbaron las condiciones económicas y humanitarias preexistentes, afectando los recursos disponibles para garantizar y proteger los derechos humanos, en particular de las personas más vulnerables”, destaca el informe.
Por lo tanto, el ACNUDH reitera sus anteriores llamados para que se levanten las medidas sancionatorias “en vista de su impacto desproporcionado en el conjunto de la población”.
Sobre la pandemia de covid-19, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos recuerda que el acceso a la vacuna es un derecho humano y debe considerase un bien público mundial.
La Alta Comisionada manifestó su preocupación por los bajos niveles de ingresos, ahorros y pensiones de funcionarios públicos y trabajadores de sectores que dependen de la financiación pública, en particular de los sectores de la educación y la salud.
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Asimismo, ACNUDH siguió recibiendo informes de algunas personas a las que se les denegó la asistencia alimentaria por motivos políticos, por criticar al régimen; por lo que consideró que el acceso a las prestaciones sociales no debe estar condicionado a la afiliación política real o percibida, y la transparencia en los criterios utilizados para determinar la elegibilidad para los programas de protección social es esencial para evitar cualquier discriminación en la práctica.
El informe resalta que continuaron las protestas relacionadas con los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, principalmente para exigir el acceso a servicios básicos adecuados, derechos laborales, vivienda, combustible, servicios de salud adecuados y alimentos.
Durante el período que abarca el informe, el ACNUDH documentó ocho casos de protestas durante las cuales violaciones de derechos humanos fueron cometidas por las fuerzas de seguridad o los grupos armados civiles progubernamentales denominados “colectivos”, incluidos por lo menos una ejecución extrajudicial, tres casos de malos tratos y tres casos de uso excesivo de la fuerza.
El ACNUDH documentó detenciones y arrestos ilegales o arbitrarios de al menos 45 personas en relación con esas protestas, por lo menos una ejecución extrajudicial, tres casos de malos tratos y tres casos de uso excesivo de la fuerza.
El organismo reitera la obligación de investigar de forma independiente todos estos incidentes y evitar que se repitan.
Bachelet asegura sentirse preocupada por las restricciones, intimidación y criminalización de los defensores de los derechos humanos y de los líderes sindicales en Venezuela y recuerda el derecho de los sindicatos a funcionar libremente sin limitaciones excesivas y el derecho a unirse a la asociación de su propia elección.
La oficina de la ONU documentó la falta de cumplimiento de los convenios colectivos de funcionarios públicos, en particular desde la promulgación del Memorando 2792 del Ministerio de Trabajo en 2018, que permite efectivamente su revisión unilateral por un órgano especial del Ministerio, incluso en lo que respecta a los salarios, los beneficios y las condiciones de trabajo.
Finalmente, Bachelet acoge con satisfacción el compromiso de las autoridades con su oficina y confía en que la profundización de la cooperación.
