Analistas y ONGs exigen pruebas de que venezolanos enviados a El Salvador son miembros del Tren de Aragua
La imagen de centenares de expulsados desde Estados Unidos hasta cárceles de máxima seguridad en El Salvador causó asombro pero también generó dudas.
Estas suspicacias fueron expuestas en redes sociales por expertos y organizaciones que piden más rigurosidad a los gobiernos para determinar si realmente son delincuentes o si solo se trata de migrantes ilegales en Estados Unidos.
La ONG Provea alega que la administración Trump intensifica sus ataques contra los venezolanos, deportándolos a cárceles en El Salvador "sin garantizar el debido proceso".
Además señala que son "sometidos a un sistema carcelario señalado de abusos por la @CIDH, alejados de sus familias y sin garantías para su defensa".
"No se trata del principio de no devolución, ya que no son enviados a Venezuela de donde estas personas huyeron.
Pero, son trasladados a un destino donde sus derechos no están protegidos, donde quedan aislados de sus familiares y donde dependen de lo que el Estado salvadoreño decida informar, si es que lo hace".
Para el grupo, el envío de 238 venezolanos, acusados de presuntamente ser miembros del Tren de Aragua, "se hizo contra la orden de un juez federal que prohibió el traslado. Enfrentándose a un sistema judicial incierto: ¿sobre qué delitos están siendo juzgados? ¿En qué tiempo fueron procesados? ¿Cuáles son las pruebas? ¿Qué derecho a la defensa se les garantiza? Estas deportaciones ignoran principios básicos del debido proceso y la defensa legal".
La migración forzada de 7.7 millones de venezolanos es consecuencia de las políticas excluyentes y erráticas de Maduro, que han cerrado cualquier salida democrática, recuerda.
"Estados Unidos debería solidarizarse con el respeto a la voluntad popular en Venezuela, en lugar de devolver a migrantes vulnerables a un sistema carcelario sin garantías. Migrantes y refugiados tienen derechos".
