Estado de Florida aprueba dura ley contra la inmigración irregular: ¿en qué consiste?
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, promulgó una ley contra la inmigración indocumentada impulsada por su Gobierno y que fue aprobada en el Congreso estatal.
Entre las medidas más destacadas, la nueva norma exigirá a las empresas con más de 25 empleados que utilicen E-Verify, un sistema federal para comprobar el estatus migratorio de las personas a las que quieran contratar.
La ley obligará, además, a los hospitales que aceptan el seguro público Medicaid a recoger datos sobre el estatus migratorio de sus pacientes, y convertirá en un delito, castigado con hasta 15 años de prisión, el transporte de personas en situación migratoria irregular desde otro estado a Florida.
Por otra parte, las autoridades dejarán de reconocer las licencias de conducir emitidas fuera del estado a migrantes que ingresaron al país de forma ilegal, además de prohibir la financiación de programas locales para otorgarles documentos de identidad.
La ley también establece la asignación de 12 millones de dólares destinados para trasladar a migrantes indocumentados a otros estados del país.
DeSantis firmó la nueva ley en el marco de un evento en Jacksonville, en el noreste del estado, bajo el lema "La crisis fronteriza de (Joe) Biden", a quien el gobernador republicano ha acusado de desatender la inmigración ilegal.
"Los cárteles de la droga mexicanos tienen más que decir sobre lo que ocurre en la frontera sur que nuestro propio gobierno estadounidense", dijo el gobernador, al justificar la necesidad de la nueva ley en Florida.
Antes de firmar el texto, puso como ejemplo varios delitos violentos cometidos en Florida por "extranjeros ilegales" y las muertes provocadas por el tráfico de fentanilo desde México.
La nueva norma entrará en vigor a partir del 1 de julio, por lo que Florida se convertirá en el estado con la ley estatal más dura contra la inmigración.
Esta situación "ha afectado mucho a nuestro país y Florida está contraatacando", declaró el gobernador.
Desde ya, varias organizaciones han cuestionado las medidas que permitirá la nueva política migratoria en el estado.
Las críticas de los detractores se centran sobre todo en las consecuencias del uso de E-Verify y la obligación para los hospitales de recopilar datos de sus pacientes.
Según la oenegé Florida Policy Institute, la imposición de utilizar E-Verify podría costarle 12.600 millones de dólares en un año a la economía de Florida, donde trabajan numerosos extranjeros en situación migratoria irregular en sectores como la construcción, la agricultura, la restauración y el ocio.
Respecto a la norma sobre hospitales, "hará que muchas personas renuncien a la atención médica o la retrasen, creando un clima de miedo si creen que acudir al hospital puede acarrear la deportación o la separación familiar", denunció en un comunicado Aurelie Colon Larrauri, defensora de política en Florida en la ONG Latina Institute for Reproductive Justice.
