"Estamos ad portas de un problema de orden público": analista advierte posible parálisis en expedición de pasaportes en Colombia
La Cancillería de Colombia, en cabeza del ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva, declaró desierto el proceso de licitación para adjudicar el contrato de expedición de pasaportes en el país.
Cabe resaltar que el contrato con la actual empresa Thomas Greg and Sons que expide los pasaportes irá hasta el próximo 2 de octubre, por lo que persiste la posibilidad de que en adelante el trámite se vea paralizado.
Esta decisión podría generar inconvenientes para los ciudadanos que necesitan tramitar o renovar sus pasaportes en los próximos días.
Es por eso que Leyva, tras declarar desierto el contrato por más de 600 mil millones declaró el estado de urgencia manifiesta con el objetivo de “garantizar la continuidad del servicio”.
El programa La Tarde de NTN24 dialogó sobre este tema con el consultor político, Juan Falkonerth.
“Estamos ad portas de un problema de orden público, en el entendido de un desorden que viene originado desde el gobierno nacional en el proceso de contratación que ha tenido varias falencias”, aseguró.
A su vez, Falkonerth calificó de irresponsable la gestión del canciller Leyva en la licitación para la expedición de pasaportes.
“La que más me preocupa es la etapa de planeación del contrato público al momento de salir a hacer la escogencia objetiva del contratista y las decisiones irresponsables del canciller que ponen en riesgo la expedición de los nuevos pasaportes en Colombia y que denota una alta improvisación”, indicó.
En ese sentido, sobre la declaración de “urgencia manifiesta” que permite una contratación directa por un año antes de realizar una nueva licitación, el analista aseguró que se trata de una decisión preocupante.
“Preocupa que se quiera declarar una urgencia manifiesta para hacer una contratación directa porque no se cumplen los elementos del estatuto de la contratación pública que tienen que ver con elementos como que haya fuerza mayor”, sostuvo.
“Parece un interés del gobierno de celebrar el contrato de manera directa y desconocer el estatuto de contratación pública, lo cual es muy preocupante para la institucionalidad en Colombia”, subrayó.
