Las torturas y represión siguen vigente en Venezuela, según informe Casla
Pese a las denuncias, testimonios y procesos judiciales iniciados internacionalmente por crímenes de lesa humanidad, la tortura de opositores al régimen de Nicolás Maduro sigue vigente como método represivo en Venezuela, así lo determinó el Instituto Casla.
El centro de estudios sobre América Latina con sede en Praga, publicó este miércoles el informe en el que denuncia que Venezuela se ha convertido en el país donde "todos son sospechosos", incluidos los altos funcionarios. El escrito señala que al menos 54 personas fueron sometidas a tortura física y/o psicológica en 2022.
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En la misma línea documenta 19 casos a lo largo del año, en el informe "La represión sistemática en la sombra", basado en testimonios y presentado en la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
La directora de Casla, Tamara Suju, detalla que algunas personas "fueron sometidas a extremos de dolor inimaginables", torturas físicas como "el desprendimiento de uñas", "la extracción con alicates o ruptura de piezas dentales", cortaduras con navajas, descargas eléctricas o simulacros de ejecución.
"En Venezuela los crímenes no se han parado, continúan de forma silente ante la opinión pública internacional que aparentemente cree que Maduro ha cambiado y que ahora es más amable; no, es más criminal", dijo.
El informe citado por la AFP, también afirma que en algunos casos las víctimas "identificaron a personas con acento colombiano, a quienes la DGCIM (Dirección General de Contrainteligencia Militar) entregaba por tiempo determinado simulando una venta de rehenes" y otras "a agentes cubanos".
Alertó que mientras Nicolás Maduro se enfoca en lograr la aprobación internacional, sigue reprimiendo a sus detractores. Incluso ha logrado esquivar las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea.
"Las sanciones han sido muy importantes" pero "Maduro las ha burlado y se sigue financiando a través de Rusia y de Irán", afirma Suju.
En este sexto informe, Casla afirma haber conseguido de forma confidencial el "Manual de operaciones especiales de la DGCIM", conocido como "La Constitución" entre los funcionarios de este organismo de inteligencia.
Donde se esquematiza la cadena de mando y los "niveles de aprobación de las principales medidas" de la DGCIM. Según lo citado, ese manual "describe cómo se reparte el gobierno la responsabilidad de la persecución, acusación y encarcelamiento de sus víctimas" según "la importancia" de los detenidos.
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El primer nivel corresponde a Nicolás Maduro, que se encargaría de "los casos donde puedan comprometerse las relaciones internacionales" y de "cualquier medida" aplicable a generales y almirantes, extranjeros con inmunidad diplomática, altos funcionarios del gobierno a nivel nacional, de la dirección del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), partidos opositores, gobernadores, alcaldes, y diputados, así como sus familiares, detalla el informe.
Suju destaca que Maduro da la orden y aprueba procedimientos "conociendo personalmente los horrores a los que cada uno ha sido sometido, premiando con ascensos, cargos administrativos de alto nivel, permisividad en el enriquecimiento ilícito e impunidad, a sus más fieles ejecutores de órdenes y directrices", añade.
Así mismo, Casla asevera que la obtención del manual es prueba clave ante la Corte Penal Internacional (CPI), porque el régimen niega dicha planificación y sistematización.
"¡Todos son sospechosos! La influencia del manual cubano (...) la formación de oficiales y funcionarios con los conocimientos y técnicas de la inteligencia cubana para el control social, ha permitido que la sociedad civil venezolana en su conjunto sea objeto de espionaje", asegura.
