Estas son las graves consecuencias de la Ley de Pensiones a las empresas venezolanas
Nicolás Maduro acaba de cambiar las reglas de juego sobre el pago de las pensiones, las más bajas de todo el continente, luego que se le acusara de ser el mayor responsable de la devaluación en estos fondos que recibe un trabajador retirado en Venezuela.
Maduro se escuda en las sanciones para evitar hacerse responsable del deterioro en la calidad de vida y la pérdida de valor de la monera venezolana, el Bolívar.
En adelante, el sector privado deberá destinar obligatoriamente 9 por ciento del salario del trabajador al Fondo, por orden de una ley que ha sido denominada: Ley de Protección de las Pensiones de Seguridad Social Frente al Bloqueo Imperialista.
Pero Fedecámaras, que agrupa al sector empresarial privado, ha hecho serias observaciones sobre esta obligación. Aunque no se opone considera que la Ley de Pensiones "debe ser acompañada
por incentivos para el sector empresarial".
"Entendemos la necesidad de que los ciudadanos disfruten de una vejez digna, con un ingreso que les permita solventar sus requerimientos básicos, ante lo cual reiteramos que este instrumento legal debe ser acompañado por una serie de incentivos para el sector empresarial".
En un comunicado señalan: "De cierta manera, la aprobación de la alícuota de 9% (en lugar de 15%) sobre el ingreso mínimo
integral (tomando US$ 130 como base) de cada empleado de las empresas del sector privado, hará posible la mejora en los ingresos de los trabajadores jubilados en este país".
No obstante, insisten, es menester seguir insistiendo en las consideraciones de carácter económico y legal que inciden y afectan la operatividad del sector privado nacional, las cuales fueron presentadas ante el Ejecutivo nacional, y que solicitamos sean reconsideradas:
• Establecimiento de un tope máximo para la base del aporte, equivalente a 3 veces el ingreso mínimo integral establecido por el Ejecutivo nacional.
• Debe contemplarse la exoneración o exención del pago de la contribución para sectores prioritarios de la economía nacional, así como para aquellas empresas que contemplen planes de jubilación para sus trabajadores. Sectores como salud y educación, por
ejemplo, deberían ser sujeto de exenciones.
Reiteramos nuestra preocupación, por cuanto la aplicación de esta contribución agrega mayor presión fiscal a las empresas venezolanas, que cumplen periódicamente con su obligación legal
de pagar tributos, entre ellos IGTF, IVA, ISRL, impuestos municipales, tasas aeroportuarias, entre otras que han sufrido incrementos considerables en los últimos meses. Las posibilidades
financieras del sector privado son finitas.
Como consecuencia se verá afectada la rentabilidad, limitando las inversiones y la mejora en el ingreso de los trabajadores, estimulándose el empleo informal.
Ante ello plantean:
• Eliminación del aporte del IGTF
• Que los contribuyentes especiales vuelvan a enterar el IVA con periodicidad mensual
• Revisión y adecuación del modelo de remuneración de los trabajadores
• Promoción de una reforma, integral y de fondo, del sistema de seguridad social en
Venezuela, así como en la revisión y adecuación de la legislación laboral vigente.
Los empresarios exigen el análisis de una serie de reformas para promover una política fiscal racional para las empresas, con la finalidad de incentivar la reinversión, el crecimiento y el empleo.
