"No hay la certeza de que las inversiones serán respetadas": José Antonio Ortega, presidente de ONG en México
El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ordenó recientemente “por causa de utilidad pública” la que ha sido definida como la expropiación de 113.838 metros cuadrados para construir la ampliación de la línea 1 del tren suburbano que estaban bajo la posesión de la empresa Ferrosur.
José Antonio Ortega, presidente de la ONG Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal en México, habló sobre las implicaciones de esta decisión del mandatario del país norteamericano.
"En México no hay seguridad jurídica que nos garantice que las propiedades o concesiones que se tienen se van a respetar", afirmó Ortega.
Para el experto el uso de la fuerza pública militar para quitarle la propiedad y la posesión a un concesionario no es legal. “Si el presidente quiere esa parte de la concesión tenía que utilizar otros medios legales”.
“No tenemos un Estado de Derecho ni la seguridad de que a los concesionarios de minas, de medios de comunicación les puedan también quitar el día de mañana la concesión como lo hicieron con Ferrosur”, indicó.
Para el directivo esa decisión del presidente “le quita la certeza jurídica a la inversión mexicana y a la inversión extranjera porque no tenemos seguridad jurídica de que se va a aplicar la ley”.
“No hay la certeza de que las inversiones serán respetadas y manejadas de acuerdo a la ley. Ese es el grave problema que vemos los mexicanos con las actitudes de nuestro presidente”, manifestó.
Destacó que pese a que el marco jurídico en México existe, “este presidente no lo respeta y si no lo hace no tenemos la seguridad, la garantía de que estamos en un Estado de Derecho en donde se va a respetar la ley y en donde van a ser los tribunales los que resuelvan los conflictos entre las partes”.
“Debe haber ese Estado de Derecho para que la inversión nacional e internacional tengan la certeza de que lo que ellos van a invertir en nuestro país”, aseguró.
Para el experto, la decisión sobre Ferrosur muestra “el gran problema de como ha venido gobernando el presidente López Obrador, haciendo lo que él quiere con sus caprichos”.
