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Domingo, 29 de diciembre de 2024
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Corrupción

Exalta consejera para las Regiones del Gobierno Petro, Sandra Ortiz, irá a la cárcel mientras avanza proceso por escándalo de la UNGRD

Sandra Ortiz - Foto Alta Consejería para las Regiones
Ortiz, la exfuncionaria de más alto nivel vinculada al caso, será recluida en la cárcel el Buen Pastor mientras avanza el proceso.

Un juez de Colombia impuso este miércoles 18 de diciembre medida de aseguramiento contra Sandra Ortiz, exalta consejera para las Regiones del gobierno de Gustavo Petro, quien fue imputada por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias como parte del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Ortiz, la exfuncionaria de más alto nivel vinculada al caso, será recluida en la cárcel el Buen Pastor mientras avanza el proceso, que también salpica a otros exmiembros del Gobierno y a varios congresistas.

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Incluso, recientemente, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, renunció a su cargo en medio de señalamientos de tener conocimiento del desvío de millonarios recursos para supuestamente sobornar a congresistas y conseguir la aprobación de reformas clave del gobierno.

El presidente Gustavo Petro dijo que solicitó la salida del funcionario "no porque crea que es culpable, sino porque lo quieren despedazar por ser leal" a él.

Entre los investigados también están Olmedo López, exdirector de la UNGRD, y su mano derecha, Sneyder Pinilla. Ambos han confesado su participación en un entramado de corrupción.

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Los exfuncionarios han dicho en declaraciones ante la Fiscalía que se quedaron con una parte de los recursos y con lo restante supuestamente sobornaron a los congresistas Iván Name y Andrés Calle, entonces presidentes del Senado y de la Cámara Baja del Congreso, respectivamente.

En ese contexto, fue involucrada Sandra Ortiz, quien según las denuncias presuntamente fue la encargada de llevar el dinero a Name.

López y su exasesor, quienes dicen estar bajo amenazas, han apuntado con sus testimonios contra más de 20 funcionarios, incluidos otros políticos cercanos al presidente Gustavo Petro.


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