Justicia argentina suspendió de manera cautelar la reforma laborar de Javier Milei
Este miércoles el gobierno del presidente argentino, Javier Milei, sufrió un revés tras la decisión de la Cámara de Apelaciones de Trabajo de suspender la reforma laboral del megadecreto de necesidad y urgencia (DNU), la medida entró en vigencia el viernes pasado y modifica o deroga más de 300 normas.
Los jueces Andrea García Vior y Alejandro Sudera fueron los encargados de dictar la medida cautelar que deja sin efecto los cambios en materia laboral que habían entrado en vigor el pasado 29 de diciembre de 2023.
El fallo, dictado por los tres jueces de la Cámara de Apelaciones del Trabajo de Argentina, tiene lugar luego de que la Confederación General del Trabajo, la principal central obrera del país, presentara un amparo contra el decreto la semana pasada.
La justicia argentina anuló la aplicabilidad del capítulo IV del DNU que, entre otras cosas, extiende el período de prueba de los trabajadores de tres a ocho meses, reduce el monto para calcular la compensación de las indemnizaciones, reduce las licencias por embarazo, maternidad y paternidad y limita hasta casi anular el derecho a huelga u otras medidas de fuerza.
Además, cuestionó la necesidad y urgencia de las normas, y detalló que varias de las normas que el Ejecutivo pretende modificar sin intervención de los legisladores tienen la naturaleza represiva o sancionatoria en relación con las limitaciones de huelga y la anulación de multas a empleadores que tengan trabajadores sin registrar debidamente.
"No se evidenciaría objetivamente la 'necesidad' de adoptar tan numerosas medidas" y "lo cierto y jurídicamente relevante es que no se avizorarían (...) razones de 'urgencia' para eludir la debida intervención del Poder Legislativo en lo que hace a la legislación de fondo", argumentó el juez, Alejandro Sudera.
La suspensión es una medida provisoria hasta que se discuta la validez del DNU en el Congreso.
Presentado en un contexto de grave crisis económica en Argentina, con una inflación anual que supera el 160% y una pobreza del 40%, el megadecreto de Javier Milei también abre las puertas a la privatización de empresas públicas y deroga leyes de protección a los consumidores contra aumentos abusivos de precios.
"El objetivo es comenzar el camino de reconstrucción del país, devolverle la libertad y autonomía a los individuos y empezar a desarmar la enorme cantidad de regulaciones que han detenido, entorpecido e impedido el crecimiento económico en nuestro país", esgrimió el presidente el 20 de diciembre al dar a conocer el DNU.
En total suman 10 las denuncias realizadas en la justicia a raíz del megadecreto del ejecutivo. Una de ellas acusa a Milei penalmente por "abuso de autoridad" y por "traición a la patria".
