Para Andres Manuel Lopez Obrador, presidente de México, el operativo de captura por parte del gobierno de una de las vías férreas de mayor significación comercial en el país perteneciente al Grupo México significó la reposesión de algo que era del estado. Según este criterio la enmienda constitucional de 1995 que dio origen a leyes marco para regir la privatizando los servicios de ferrocarriles del estado no existen y por tanto el gobierno puede hacer uso de activos que son de su propiedad.
Al intervenir la Corte Suprema de Justicia México en el sentido de declarar la nulidad de la medida, el presidente de México se limitó a decir que reconocería una compensación pero que esta de ninguna manera involucraría un pago de efectivo. La decisión lanza al limbo otras notorias propiedades privadas que otrora fuesen monopolios estatales como es el caso de las carreteras y autopistas y las telecomunicaciones hoy desarrolladas por la empresa Telmex, propiedad de Carlos Slim.
Esta decisión será recordada como el parteaguas que define la frontera entre el sostenimiento y la disolución del estado de derecho en México. Por ello plantea interesantes interrogantes sobre el futuro inmediato de México y de América Latina.
Vista la decisión desde el interés de México esta congela el proceso de relanzamiento industrial del país desarrollando eslabones de la cadena de valor de la economía norteamericana que se están reubicando a partir del Covid-19.
Estiman los expertos que este proceso le hubiera permitido a México aumentar la proporción de mexicanos que ingresan a los rankings de la clase media y salen de la pobreza en un 5% en un decenio. Por tanto, México no sólo está destruyendo una locomotora de progreso sino condenando a millones de familias a la pobreza.
Desde el punto de vista del interés de Estados Unidos, el desarrollo de actividades manufactureras integradas a su cadena de valor en México le permite mantener la estabilidad de precios con lo cual protege a sus clases medias. Y en la medida que las clases medias crezcan en ambos lados de la frontera del Río Grande en esa misma medida la locomotora del desarrollo podrá despegar una vez más para halar al mundo hacia una nueva era de estabilidad económica.
Para el resto de la región la decisión ahonda en el sentimiento negativo de los inversores que no terminan de ver en ella un destino seguro para desarrollar proyectos distintos a los comerciales. De hecho, en México la medida ha congelado planes de inversión en diversos sectores que incluyen el financiero, energético y de transporte por la significativa suma de $15.000 millones. Triste devenir para el país que formó más clase media en América Latina en los últimos 25 años gracias a la inversión extranjera que fluyó bajo los cauces del tratado de libre comercio con Estados Unidos y con Canadá.
