En la tradición americana se llama “Kangaroo Court” a un proceso legal que soslaya los preceptos fundamentales del debido proceso. El acusado no goza de las garantías mínimas, la sentencia es por ende arbitraria. El juicio es una puesta en escena, parodia de un proceso legal que recrea una ficción de juridicidad. Sin garantías procesales, la sentencia solo puede ser caprichosa e injusta.
La determinación judicial se reduce a hacer oficial—“legal”—una decisión tomada de antemano y en otro lugar, no en un juzgado. O sea, se trata de una decisión política. En una autocracia, esto es costumbre. Como tal, en una “Kangaroo Court” el juicio es por definición fraudulento, ilegítimo.
El término se originó en California en la época de la fiebre del oro. No guarda relación con marsupial alguno, excepto por la metáfora sugerida: una corte judicial que, como un canguro, salta arbitraria e impredeciblemente por encima de requisitos procesales y de evidencia relevante a efectos de construir el caso a discreción. Allí no será justicia.
No existe término equivalente en español, pero aquí lo traduzco, “Corte Canguro”, propongo su adopción y lo llevo de viaje. A Bolivia específicamente, donde el pasado viernes 10 la ex presidenta interina, Jeanine Áñez, fue sentenciada a 10 años de prisión bajo cargos de ocupar la presidencia de forma ilegal y actuar en contra de la Constitución. Ello en referencia a los eventos de noviembre de 2019 luego de la renuncia y partida de Evo Morales.
Nótese la fecha de la sentencia, viernes 10 de junio, ultima jornada de la Cumbre de las Américas, con los gobiernos del hemisferio literalmente en Los Ángeles sin poder prestarle atención a Bolivia. Ello a propósito de procesos judiciales permeados, si no capturados, por estrategia y objetivos políticos.
Pues el proceso contra Áñez estuvo lleno de irregularidades. En prisión preventiva desde el 13 de marzo, el 7 de abril se inició un juicio oral semi-presencial contra la ex mandataria y varios de sus ex jefes militares y policiales. El juicio fue desdoblado por la misma causa, Golpe de Estado I y II.
Desde el momento de su detención y desarrollo del primer juicio se le ha impedido su defensa en libertad ante el deterioro de su salud, como depresión profunda e hipertensión, llegando incluso a una huelga de hambre e intento de suicidio. Áñez alegó que tampoco se le permitió acudir a un hospital para recibir atención médica pertinente.
El primer juicio tuvo una duración de menos de un mes. Siendo suspendido el 4 de mayo, fue reiniciado con sorpresiva celeridad, en un país notorio por la lentitud de sus procesos judiciales, fijándose entonces el 6 de junio como fecha de sentencia, la cual eventualmente ocurrió cuatro días después. A todas luces, un “juicio express” característico de una Corte Canguro.
El juicio II no trata sobre las masacres de Sacaba y Senkata, a pesar de la retórica oficialista en Bolivia y en el exterior, sino sobre la manera en que Áñez habría ascendido al poder con el máximo cargo del Ejecutivo en 2019. Ni Evo Morales ni García Linera han sido citados para declarar como testigos. Extraño, siendo que habrían sido los primeros damnificados por el caso en cuestión.
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Dado que el MAS no cuenta con mayoría en el congreso, el juicio no ha sido de responsabilidades, sino ordinario; y no como ex mandataria, sino como ex senadora. La rapidez del proceso también se explica por cuestiones políticas: los efectos de las elecciones departamentales y municipales de marzo de 2021, en las cuales el partido oficialista obtuvo la mitad de los votos que había recibido seis meses antes. Con ello se han profundizado las fisuras internas entre los seguidores de Morales, los de Arce y los de Choquehuanca.
La reciente visita a Bolivia y el informe de fecha 11 de mayo del relator especial de Naciones Unidas para la independencia judicial confirman estos elementos, identificando prácticas judiciales que favorecen la corrupción y la ineficiencia, además de la dependencia del sistema judicial con el sistema político. En general, subrayó el rezago procesal (recuérdese que en el caso de Añez ha sido lo contrario), la alta tasa de impunidad, el uso indiscriminado de la prisión preventiva y la falta de independencia judicial.
Respecto a la ex presidenta, señaló que su caso ilustra el abuso de la prisión preventiva, en tal carácter desde marzo de 2021, y le recordó al Estado su obligación de garantizar su integridad y su salud, ello en relación a la huelga de hambre.
En un tweet del 14 de junio, el relator especial expresó “preocupación”—lamentablemente no tuvo la ocasión de incluirlo en su informe—por las declaraciones de Evo Morales del día 12 de junio, dos días después de emitida la sentencia de Áñez, en su programa “Evo es Pueblo” de la radio Kawsachun Coca.
Allí, el ex presidente afirmó que “en una reunión convocada por el hermano presidente Lucho Arce, estaba David Choquehuanca, vicepresidente; Iván Lima, ministra de la Presidencia; Pacto de Unidad, no todos; jefes de bancada, senadores, diputados, presidentes de las Cámaras; casi coincidimos que debe ser juicio ordinario y no juicio de responsabilidades”.
A confesión de parte…
