Las marchas convocadas por varios sectores afines al gobierno del presidente Gustavo Petro y en las cuales él participó, fueron un claro desafío y una peligrosa amenaza contra las instituciones democráticas y los medios de comunicación. Quieren acabar con el Estado Social de Derecho desde el “activismo” y el “populismo”.
El pasado 7 de junio y en medio de las movilizaciones que buscaban manifestar el apoyo al Gobierno Nacional, quedó en evidencia que la verdadera intención de los sectores convocantes no era otra sino la de desafiar a los poderes públicos en Colombia e incrementar la polarización en el país acudiendo a narrativas de odio.
En este escenario y frente a sus simpatizantes, el presidente Petro se refirió en tono poco democrático a un golpe blando que se estaría orquestando contra él y su gobierno, que el pueblo se levantaría contra cualquier ataque a su mandato popular (esto en abierto desafío a las instituciones) y haciendo una peligrosa alusión a los medios de comunicación, poniéndolos en el ojo del huracán. Todo esto con un claro fin, acorralar a las corporaciones democráticas y a los medios de comunicación, que no le sirven a sus intereses y que tampoco hacen parte del comité de aplausos que su gobierno reclama.
¿Por qué insiste el presidente Petro en su analogía con el expresidente Pedro Castillo en el Perú? ¿Acaso está ambientando algún intento de coartar o limitar al Congreso de la República? De ser así, quebraría el orden institucional en Colombia.
El sentir del presidente Petro es que su mandato de cerca de 11,5 millones de votos (en un país que tiene más de 50 millones de habitantes) es suficiente para que pueda hacer todo lo que quiera en nombre del “cambio”. Pues no, le guste o no al Gobierno nacional, existe división de poderes públicos. Su programa contenido y desarrollado en gran medida en las reformas que cursan en el Legislativo, deben seguir su discusión ahí y no en las calles, despojar de su competencia y funciones al Congreso de la República, que es por demás, el mayor órgano deliberativo, representativo y participativo del Estado, es un atentado contra la democracia.
¿Pero qué es un golpe blando y por qué no se está dando en Colombia?
Pues bien, puede entenderse por “golpe blando” aquel ataque sistemático pero no violento, que pasa casi desapercibido y que obstaculiza el operar de un gobierno y/o administración, que incluso, puede llevar a derrocarlo. Este se basa mayoritariamente en campañas de desinformación, propaganda engañosa y desorden institucional, minando su legitimidad, entre muchos otros factores. Al revisar estos elementos contentivos puede decirse que en Colombia hay un “autogolpe blando”, porque ha sido el mismo gobierno el que los ha orquestado.
Esto dado que, en sus apenas 10 meses, este gobierno ha tenido múltiples escándalos, pero lo que más llama la atención es que estos se originaron y estallaron desde su interior, se inmolaron. Producto de esta situación, se ha opacado el denominado “cambio” que prometieron a sus electores, demostrando que son capaces de superar las malas prácticas de la clase política tradicional que tanto criticaron, lo hicieron con creces.
Basta con recordar episodios lamentables como el “Pacto de la Picota”, el escándalo de corrupción de Nicolás Petro, “las chuzadas” y ahora el “Proceso 15 mil”, entre otros.
A raíz de esta situación, la Procuraduría General de la Nación ha iniciado investigaciones disciplinarias, la Fiscalía General de la Nación ha activado la acción penal, el Consejo Nacional Electoral ha hecho lo propio y la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes del Congreso de la República ha recibido las denuncias correspondientes, todas estas en el marco constitucional, legal y dentro de sus competencias y funciones. Por su parte, los medios de comunicación han realizado el cubrimiento noticioso de cada episodio que se registra en el país.
Se equivocan quienes afirman que el accionar de las instituciones democráticas y los medios de comunicación son un golpe blando. Estamos en un Estado Social de Derecho.
El Movimiento Internacional Progresista, en carta abierta y con cerca de 400 firmas, manifestó su preocupación por el “golpe blando” que se estaría orquestando en contra del presidente Gustavo Petro. Sobre este documento debe decirse que lo suscriben también personas muy cuestionadas como lo son los expresidentes Ernesto Samper de Colombia y Rafael Correa de Ecuador, el primero, envuelto en el escándalo del proceso 8 mil y el segundo por casos de corrupción que le impiden volver a su país.
Debe anotarse que el presidente Gustavo Petro es miembro de dicha organización, por tanto, es evidente el interés político detrás de la misiva.
Cápsula 1: Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, la empresa más grande de Colombia, fue en su momento, el gerente de campaña presidencial del entonces candidato Gustavo Petro. Recientes investigaciones señalan que se pudo superar los topes de la campaña y que presuntamente ingresaron 15 mil millones de pesos de forma irregular. De ser así, Roa sería el primero en ser llamado a responder. Adicional, su pareja sentimental se ha visto beneficiado de un nombramiento y un contrato público, con múltiples irregularidades, convirtiéndose en un nuevo escándalo que lo compromete por aparente tráfico de influencias.
Exigimos su renuncia. No se puede poner en riesgo el prestigio y la reputación corporativa de Ecopetrol. Que ejerza su defensa como es debido fuera de la compañía.
Cápsula 2: ¿Qué tal la calidad de congresistas que tenemos? Mafe Carrascal, representante a la cámara por Bogotá, presentó una excusa médica en esta corporación por una fuerte gripa que le impedía atender sus labores como legisladora. Sin embargo, ese mismo día, la vimos muy activa en las marchas a favor del presidente Petro. Tras quedar en evidencia, solicitó que no fuera tenida en cuenta y se le descontara el día de salario. ¡Muy bueno el antigripal!
Cápsula 3: la Fiscalía General de la Nación imputó cargos contra María Isabel Urrutia, gloria del deporte nacional, que en su paso como ministra del deporte del gobierno Petro celebró presuntamente de forma indebida contratos públicos, aun sabiendo que había sido apartada del cargo por el presidente. Triste ver como se caen los ídolos de esta manera. Esperamos que se establezca la responsabilidad y se aplique todo el peso de la ley.
