Gobierno de Colombia rechaza "los dictatoriales procederes" de Ortega en Nicaragua
La Cancillería de Colombia difundió este jueves 23 de febrero una nota de prensa en la que rechaza las recientes medidas tomadas por el régimen de Daniel Ortega en contra de sus opositores, que incluyen el destierro de 222 presos políticos y el despojo de la nacionalidad a otras 94 personas.
El Ministerio de Exteriores precisó que “rechaza los dictatoriales procederes” de Ortega lo cual mencionó “hace traer a la memoria los peores momentos de la dictadura de Atanasio Somoza que el sandinismo logró superar”.
“Colombia llama al mundo entero a que reaccione. Por lo pronto pedimos a la presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja, Mirjana Spoljaric, que solicite autorización para visitar a los que siguen detenidos. Víctimas son”, indicó la Cancillería.
El Ministerio manifestó, a su turno, que el “autoritarismo (...) se ha impuesto en la hermana república”.
“Ha infringido normas ius cogens. Aquellas de las cuales se ha definido que son imperantes, inderogables, absolutas, perentorias, inmutables en esencia. Precisamente aquellas de cuyas violaciones debe conocer la Corte Penal Internacional. Al señor Fiscal de la Corte se le pide tomar cartas en tan alarmante asunto”, precisó.
Por último, la Cancillería informó que busca entrar en contacto con “quienes habiendo sido abusados por el poder intolerante de Nicaragua”, quisieran acceder a la nacionalidad colombiana. “Mucho nos honrarían”, concluyó.
El pronunciamiento de Colombia se conoce luego de que el Gobierno de Gustavo Petro le otorgara la nacionalidad al escritor nicaragüense Sergio Ramírez.
Ramírez hace parte de los más de 300 opositores a los que el régimen nicaragüense les quitó la nacionalidad de su país.
Daniel Ortega desterró, tras quitarles la nacionalidad, el pasado 9 de febrero, a 222 presos políticos que mantenía encarcelados. Los opositores llegaron, tras la decisión, a Estados Unidos desde donde rehacen sus vidas.
A ese grupo de 222, se sumaron otros 94 opositores a los que el régimen también decidió dejarlos sin la nacionalidad nicaragüense.
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Además, condenó a 26 años de prisión al obispo Rolando Álvarez, quien se negó a abordar el avión, junto con los otros 222 presos políticos, en camino a Estados Unidos en medio del destierro.
