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Sábado, 21 de diciembre de 2024
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Migrantes

Al menos 200 migrantes intentaron romper el alambre de púas para cruzar de México a EE.UU. ante la incertidumbre por la ley SB4

Greg Abbott señaló que continuará deteniendo la migración sin importar si su polémica ley SB4 entra o no en vigor.

Este jueves se conoció que un grupo migrantes indocumentados intentó derribar el alambre de púas en la frontera entre México y Estados Unidos ante la incertidumbre por la ley SB4.

El suceso se dio el miércoles en medio del miedo y la incertidumbre ante la suspensión de la polémica ley de inmigración conocida como SB4, promulgada en diciembre de 2023 por el gobernador del estado de Texas, Greg Abbott.

Cerca de 200 migrantes que acampaban cerca al río Bravo trataron cruzar la frontera, pero la Guardia Nacional de Texas no les permitió el pasó, por lo que intentaron romper el alambre de púas para poder pasar.

Ante esto, Abbott señaló que continuará deteniendo la migración sin importar si su polémica ley SB4 entra o no en vigor.

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Esto se da unas horas después de que un tribunal pusiera, nuevamente, en espera la aplicación de esta ley en Texas, luego de que la Corte Suprema había dado luz verde para que la SB4 fuera aplicada de manera “inmediata”.

La controversial ley debió regir a inicios de marzo. Sin embargo, en las últimas semanas ha sido objeto de varios recursos judiciales. De hecho, esta sería la cuarta vez postergan su aplicación.

El pasado martes, Corte Suprema de Estados Unidos permitió que las autoridades estatales de Texas puedan encarcelar y procesar con cargos federales a las personas sospechosas de haber cruzado de manera ilegal la frontera desde México.

Tras ser aprobada por el Congreso de Texas, Abbott promulgó esta ley conocida como SB4 en diciembre de 2023, justificándose en el derecho que tiene su estado de defenderse ante una "invasión", cuando los cruces de migrantes, principalmente de América Latina, alcanzan cifras récord.

La ley SB4 les permite a las autoridades estatales de Texas arrestar a personas en el estado que no puedan comprobar que cruzaron la frontera legalmente.

Estas personas pueden ser llevadas a la justicia estatal, donde bien podrían aplicarles penas de hasta 20 años de cárcel o ser expulsados a México, sin considerar si este país puede aceptarlos.


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