Cinco países latinoamericanos exigen al régimen de Maduro la liberación de Rocío San Miguel
A casi una semana de la detención de la activista venezolana Rocío San Miguel, los Gobiernos de Argentina, Costa Rica, Ecuador, Paraguay y Uruguay manifestaron este jueves estar profundamente preocupados por el accionar del régimen venezolano.
Los cinco países suscribieron un comunicado en el que también exigen la liberación inmediata de la presidenta de la ONG Control Ciudadano.
"Los Gobiernos de Argentina, Costa Rica, Ecuador, Paraguay y Uruguay manifiestan su profunda preocupación por la detención arbitraria de la activista de derechos humanos Rocío San Miguel y hacen un enérgico llamado a las autoridades venezolanas a liberarla de inmediato y deponer los cargos realizados", indica un comunicado conjunto.
A su vez, los mandatarios condenan la recientes medidas aplicadas por el chavismo contra la Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Venezuela. Demandan el respeto pleno de los derechos humanos, la vigencia del Estado de Derecho y la convocatoria de elecciones "transparentes, libres, democráticas y competitivas" sin proscripciones de ningún tipo.
San Miguel, permanece arrestada en la sede del SEBIN en El Helicoide, luego de ser acusada de su supuesta vinculación con una conspiración que incluía el asesinato de Nicolás Maduro y el gobernador Freddy Bernal.
Aunque fue detenida el pasado viernes 9 de febrero en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, no fue sino hasta horas de la tarde del domingo que el fiscal general Tarek William Saab confirmó el hecho, cuando ONG y partidos opositores denunciaron su desaparición forzada, lo que ha levantado un masivo rechazo dentro y fuera del país.
También fueron detenidos cinco de sus familiares y allegados, entre ellos una expareja. A quienes les atribuyen supuesta interferencia en los procesos judiciales.
La también abogada es beneficiaria de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2012.
La defensa asegura que tras siete días de detención, la activista aún permanece incomunicada. Pese a eso, el Ministerio Público insiste en que se han cumplido todos los plazos y procedimientos judiciales en el caso.
