Denunciaron a colectivos por violencia de género
Ana Leonor Acosta, portavoz del Proyecto Libertad y de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, informó que el pasado miércoles 4 de julio consignó ante el Ministerio Público una denuncia por las agresiones que sufrió su equipo de trabajo, junto a familiares de presos políticos, por parte de supuestos colectivos, identificados con el Gobierno. Todo esto ante la mirada indiferente de organismos de seguridad del Estado que no defendieron la integridad de las personas afectadas.
En la visita realizada a la entidad, el martes 3 de julio, “Fuimos agredidas por un grupo violento. Cabe destacar que todas éramos mujeres, que fuimos a ejercer nuestro derecho constitucional, que nos acercamos al Ministerio Público a solicitar la libertad de nuestros presos políticos. Nosotros nos encontrábamos del otro lado de la acera, cuando de manera agresiva nos rodearon y amenazaron mientras ofrecíamos declaraciones a la prensa”, relató la abogada.
Acosta señaló que esto constituye un delito de violencia de género. “La mayoría de las que estaban ahí son madres, hijas, esposas. Fueron agredidas por hombres, supuestamente colectivos y alguno de ellos al parecer del Concejo Legislativo del Estado Miranda”, continuó la portavoz del Proyecto Libertad.
Pese a las dificultades descritas, señala que finalmente entraron a la sede del organismo a consignar el documento con el pliego de peticiones. “Pero el grupo que se quedó afuera fue perseguido por estos grupos violentos. Ahí estaba Lilian Tintori, quien fue perseguida hasta el carro que la trasladaba y no conforme con eso le daban golpes a la ventana del vehículo, con cascos, palos, banderas. Incluso algunos tenían botellas en la mano”, precisó Ana Leonor Acosta.
Por eso, emplaza al Ministerio Público a condenar este suceso y actuar en consecuencia a la agresión que sufrieron quienes fueron de manera pacífica a exigir que sean liberados los que son inocentes y quienes actualmente padecen de retardo procesal, incumplimiento de boleta de excarcelación, tratos crueles, torturas y la retención arbitraria de menores de edad.
“Esta situación no se debe repetir en Venezuela. Nosotros imaginamos que el Ministerio Público no está de acuerdo con la agresión que sufrieron estas mujeres familiares de presos políticos. Les hacemos un llamado a los funcionarios de esta institución a que hagan una investigación seria, que no haya más impunidad en Venezuela y que castiguen a los responsables, pues además de violencia de género esto constituye un crimen de odio”, concluyó la abogada, asegurando que a pesar de estas acciones irregulares no cesará la voluntad de exigir la libertad de los 380 políticos.
Redacción NTN24 Venezuela
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