Tribunal Supremo español ratifica la inhabilitación del presidente catalán Quim Torra
El Tribunal Supremo español confirmó este lunes la inhabilitación por desobediencia del presidente catalán, el separatista Quim Torra, una decisión que conlleva su cese del cargo y puede generar turbulencias políticas para el gobierno central de Pedro Sánchez.
El dirigente catalán desde mayo de 2018 había recurrido a este alto tribunal tras haber sido condenado en primera instancia en diciembre a un año y medio de inhabilitación por resistirse a retirar una pancarta con lemas separatistas de la sede de su gobierno como había ordenado la Junta Electoral.
Tras estudiar el caso el pasado 17 de septiembre, el Supremo "ratifica que desobedeció de forma contumaz y obstinada a la Junta Electoral Central", indicó el tribunal en un comunicado.
Esta decisión implica la destitución de Torra de la presidencia de esta rica región del noreste de España, con idioma propio y amplia autonomía que en 2017 fue escenario de una fallida tentativa de secesión.
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El Tribunal Superior de Cataluña, que lo condenó en primera instancia, especificó que la inhabilitación es efectiva desde este lunes e instó al dirigente a que "se abstenga de ejercer o llevar a cabo actuaciones propias" del cargo, que recaerá de forma interina en su vicepresidente Pere Aragonés.
Desde el equipo de Torra, consultado por la AFP, aseguran que seguirá siendo presidente hasta que el tribunal se lo notifique personalmente.
- Manifestaciones en Cataluña -
Esta sentencia puede repercutir en el gobierno de izquierdas español de Pedro Sánchez, que busca el apoyo de los separatistas catalanes para los presupuestos de 2021, donde deberían incluir las multimillonarias ayudas europeas para reactivar la economía tras la pandemia.
También puede encender los ánimos en Cataluña, donde la condena a cárcel hace un año contra nueve dirigentes por el fallido intento de secesión de 2017 provocó cinco días de fuertes protestas y violentos disturbios en Barcelona.
Justo después de la sentencia, varias entidades separatistas anunciaron manifestaciones para las 19H00 (17H00 GMT) en varias localidades de la región.
Su predecesor en el cargo, Carles Puigdemont, criticó por Twitter "un Estado corrompido desde la Corona hasta la judicatura (que) continúa decidiendo en nombre de los catalanes".
"Una vez más, el Estado español interfiere en nuestras instituciones", añadió quien fue figura principal del intento de secesión de octubre de 2017, tras el que marchó a Bélgica esquivando las consecuencias judiciales.
- Los presupuestos españoles en juego -
El origen de la inhabilitación de Torra se remonta a marzo de 2019, cuando la Junta Electoral le ordenó quitar una pancarta de la sede del gobierno regional donde reclamaba la libertad para los dirigentes separatistas encarcelados por los hechos de 2017.
Alegando defender su libertad de expresión, el dirigente ignoró en dos ocasiones el plazo otorgado para cumplir la orden, aunque finalmente lo hizo a regañadientes.
"Sí, desobedecí", admitió abiertamente durante el juicio celebrado a finales de 2019 en Barcelona.
Su destitución coincide con un momento de división en el movimiento separatista, sin una estrategia clara tras la fallida secesión y fuertes discrepancias entre sus dos grandes partidos, Juntos por Cataluña de Torra y sus socios de gobierno de Izquierda Republicana (ERC).
En enero, estas tensiones internas llevaron a Torra a anunciar unas elecciones anticipadas que no llegaron a convocarse por la llegada de la pandemia a España. Ahora, paradójicamente, el gobierno quedará en manos de Aragonés, de ERC.
El Parlamento regional, con mayoría independentista, debe escoger presidente en un plazo de dos meses o se convocarán unas nuevas elecciones en las que las dos formaciones de gobierno parten como favoritas.
Estas turbulencias pueden lastrar los esfuerzos de Sánchez para apaciguar las conflictivas relaciones entre Madrid y Barcelona a través de la puesta en marcha de una mesa de negociación con el gobierno regional que quedó interrumpida por la pandemia.
Este diálogo fue una concesión para conseguir ser investido con la ayuda del partido ERC, que ahora reclama su reactivación para apoyar las cuentas del gobierno español para 2021, claves para reimpulsar una economía muy maltrecha por la crisis sanitaria.
