Se agudiza debate en Colombia por reforma a la Salud del Gobierno Petro en medio de la crisis financiera que enfrenta el sistema
Avanza en Colombia una de las discusiones más importantes y de mayor impacto sobre la ciudadanía en los últimos años: la propuesta de reforma al sistema de salud del país presentada por el gobierno del presidente Gustavo Petro, un debate que ha estado marcado por profundas diferencias entre el Ejecutivo y múltiples sectores, así como por una creciente incertidumbre debido al progresivo desfinanciamiento que enfrenta el modelo actual, que cumple ya 30 años.
El Gobierno Petro defiende que su iniciativa busca llevar atención en salud a regiones apartadas, transitar hacia un modelo de atención primaria y preventiva a través de Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS) y poner fin a la intermediación financiera de las EPS frente a los recursos de la salud. Un escenario que no ha convencido a muchos sectores del país, que piden resguardar los avances del sistema vigente.
En medio de tantas divergencias, el tránsito del proyecto por el Congreso de la República ha sido un camino empedrado para el Gobierno. De hecho, este jueves 23 de noviembre, la Cámara de Representantes aplazó para la próxima semana – por falta de quórum – la discusión en segundo debate que adelanta sobre la reforma.
Este nuevo aplazamiento ocurrió horas después de que el expresidente Álvaro Uribe y congresistas de su partido Centro Democrático se reunieran con el presidente Petro y miembros de su Gobierno en la Casa de Nariño, donde el partido manifestó las razones para oponerse a la reforma.
“Nosotros consideramos que el sistema de salud colombiano, que tiene sin duda cosas por mejorar, representa el más grande avance social del país en los últimos 30 años. En primer lugar, podemos decir que es un sistema solidario, que está subsidiado en gran parte por el Presupuesto General de la Nación, pero también en gran medida por el aporte de los empresarios”, aseguró en rueda de prensa el representante del Centro Democrático Andrés Forero.
El congresista destacó que uno de los grandes beneficios que ofrece el sistema actual es el bajo gasto de bolsillo para los colombianos, el cual se puede medir en la cantidad de dinero que ponen los ciudadanos por cada 100 pesos que se gastan en salud.
“Antes de la implementación de la Ley 100, era de aproximadamente 50 pesos por cada 100 pesos. Hoy estamos en un nivel muy bajo para América Latina y el mundo, que es entre 15 y 17 pesos”, precisó.
Por su parte, el expresidente Uribe resaltó que donde hay problemas de prestación del servicio no es por culpa del sistema actual, sino por otros aspectos como la falta de infraestructura, el mal manejo de hospitales y la corrupción. Además, hizo énfasis en las virtudes del modelo que favorecen ampliamente a los colombianos que requieren tratamientos costosos en salud.
A un colombiano, durante dos años, le tuvieron que hacer un tratamiento que costaba 50 millones de pesos al mes, y él solamente pagaba 4 % de su salario. Preguntamos ‘¿qué seguro privado era necesario para reemplazar esto?’: un seguro de 37 millones de pesos al año. O sea que con el 4 % de un salario, más o menos 600.000 pesos al año, ese colombiano logra evitar un seguro privado de 37 millones de pesos, aseguró Uribe.
Igualmente, el exmandatario colombiano se refirió a uno de los puntos neurálgicos para el Gobierno Petro dentro de la reforma: la administración de los recursos por parte de las EPS privadas.
“El Gobierno dice que esto es un sistema privado, de negocio. Este es un sistema mixto. Aquí ha habido EPS públicas, EPS solidarias, EPS privadas. Desafortunadamente, el mayor fracaso se ha dado en las EPS públicas, por el mal manejo, por la politiquería. Si el Estado quiere tener sus EPS, hoy las puede tener, no hay que destruir el sistema”, expresó Uribe.
“Crítica situación” del sistema
Pero el tema va más allá de la reforma y la discusión política alrededor de ella. El pasado 17 de noviembre, en el marco del congreso en Cartagena de Gestarsalud, el gremio que agrupa las EPS del régimen subsidiado, el denominado Pacto por una Mejor Salud (PMS), compuesto por usuarios, pacientes, aseguradores, entidades prestadoras de servicios de salud, profesionales de salud, el sector farmacéutico y más de 80 organizaciones y dirigentes del sector, manifestó en una declaración pública su preocupación por la “crítica situación” que viene atravesando en los últimos meses el Sistema de Seguridad Social en Salud (SGSSS).
De acuerdo con el PMS, “el problema central se halla en la falta de liderazgo, de gerencia y de decisiones acertadas por parte del Gobierno nacional, todo lo cual dirige el sistema de salud hacia su colapso”.
“La progresiva constricción de recursos financieros ha impactado la cadena de valor del SGSSS desde los pagadores, pasando por los prestadores, los proveedores de medicamentos e insumos y los trabajadores de la salud, hasta llegar a miles de usuarios y pacientes que hoy enfrentan grandes dificultades para acceder a medicamentos y tratamientos, que incluyen los de más alto costo, que hace unos pocos meses recibían con regularidad”, agregó el colectivo.
Según el Pacto por una Mejor Salud, con corte a septiembre de 2023, se estima que existe un faltante de 5,5 billones de pesos para la operación del sistema de salud en el año 2023, resultante de la sumatoria de la desfinanciación que tiene la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que es el valor anual que se reconoce por cada uno de los afiliados, y el déficit de pago por los Presupuestos Máximos (PM), que son los valores por atenciones no financiadas por la UPC y que el Estado debe asumir.
“Nos negamos a creer que esto sea una acción deliberada, porque sería inhumano y violatorio del Derecho Internacional Humanitario”, agregó el Pacto en su declaración.
Por su parte, María Clara Escobar, presidente ejecutiva de Afidro, gremio de las farmacéuticas multinacionales en Colombia, se sumó al llamado para que el Gobierno Nacional garantice el correcto flujo de recursos a través de la cadena y proteja la salud de los ciudadanos.
Lo que está pasando es que ante la falta de recursos oportuna y permanente por parte del Gobierno se está generando un apagón o caos en el sistema. Si la ADRES no entrega los recursos a las EPS para que hagan sus compras en una cadena de la que hacen parte el gestor farmacéutico, los laboratorios, las IPS y las droguerías, el impacto final es para el paciente, que no recibe oportunamente sus tratamientos cuando y como los necesita, dijo Escobar.
Por último, el Pacto por una Mejor Salud (PMS) pidió al Gobierno Nacional, a los partidos políticos y al Congreso de la República, “suspender el trámite” de la reforma a la salud, con el fin de “revisar sus objetivos y elaborar un texto mediante un diálogo amplio y con participación real y efectiva de la sociedad civil”.
Recursos no serían suficientes
Ante las voces que sugieren que el Gobierno nacional no está entregando los recursos financieros para la sostenibilidad del sistema, Félix León Martínez, director de la ADRES, entidad encargada de la consolidación y distribución de estos dineros, ha dicho que, al mes de octubre de 2023, el 100% de los presupuestos asignados han sido entregados.
Sin embargo, con base en cifras oficiales, expertos manifiestan que diferentes factores, como el envejecimiento de la población, el incremento de afiliados, una mayor demanda de servicios y el faltante de recursos para las atenciones no financiadas por la UPC, entre otros, hacen que los dineros sean insuficientes, profundizando una “crisis de sostenibilidad” del sistema de salud colombiano.
El exsuperintendente financiero Augusto Acosta Torres explica que además de los recursos presupuestados como parte de la UPC, las EPS reciben un valor denominado “Presupuestos Máximos” para cubrir las atenciones que no están en el Plan de Beneficios de Salud (PBS), el cual se calcula con base en estimaciones históricas de lo que ha sido la demanda de este tipo de servicios.
Acosta agrega que el Gobierno lo que hace en la actualidad es entregar este anticipo y si no alcanzan estos recursos, “como de hecho no han alcanzado”, el Gobierno tiene la obligación de pagar la diferencia. “Hay una sentencia reciente de la Corte Constitucional que reafirma que esos costos los debe pagar el Estado. Todo aquello que no está en la UPC debe ser asumido por el Estado colombiano”, indica.
El exsuperintendente asegura que es en este punto donde está el origen de la fricción actual entre prestadores y Gobierno, “porque la ADRES dice ‘yo ya pagué el presupuesto asignado’, pero lo que no está tomando en cuenta es el valor de exceso sobre el presupuesto asignado”.
El doctor Martínez (director de la ADRES) tiene razón cuando dice que ya pagó lo que debía de presupuestos máximos hasta octubre, es cierto, lo que pasa es que ese valor no es suficiente para pagar la totalidad de lo que no está incluido dentro de la UPC, precisa Acosta Torres.
Pacientes, “altamente estresados”
Dina Grajales padece desde hace 19 años hipertensión pulmonar, una enfermedad poco frecuente que causa más muertes que varios tipos de cáncer y que requiere de equipos y tratamientos especiales altamente costosos y vitales para el paciente.
Todos los días no sabemos con qué nueva noticia nos vamos a levantar. Si vamos a tener oxígeno al otro día, si vamos a tener controles médicos, si vamos a tener medicamentos, lo cual para nosotros es vital, comenta Grajales sobre la zozobra que significa para ellos la situación actual del sistema de salud, el cual les ha proveído la atención que requieren.
Esta paciente, quien lidera la Fundación Ayúdanos a Respirar, resalta que para las personas que padecen enfermedades crónicas o huérfanas dejar un tratamiento “es prácticamente un intento de suicidio”. Asimismo, recuerda que para este tipo de patologías no existen muchos especialistas y los medicamentos, además de costosos, ni siquiera son de venta libre.
“Los pacientes están altamente estresados, con su salud mental bastante afectada con lo que sucede. Saber que en Colombia tengamos hoy posibilidad de tratamientos y que esto se esté poniendo en juego, es volver al inicio del proceso. Es como cuando no teníamos absolutamente nada para tratar y la expectativa de vida era solamente de tres años”, comenta.
“Necesitamos que nuestros procedimientos, tratamientos y terapias sean cumplidas independientemente de cómo funcione el sistema y recuperar la tranquilidad en torno a nuestra salud. Es difícil recuperar la tranquilidad cuando te cuesta respirar, pero hemos avanzado y ahora tenemos posibilidades comparados con otros países de Latinoamérica”, agrega.
