Abogados españoles acusan a "alacranes" de desfalcar 1.100 millones de euros de Venezuela
Un bufete de abogados en España introdujo una denuncia ante la Polícia Europea (Europol), contra los dirigentes venezolanos José Brito, Adolfo Ramón Superlano, Conrado Pérez, Chaim Bucarán, Luis Parra, José Luis Pirela y Richard Arteaga, diputados "alacranes" que fueron electos en 2015 como integrantes del Parlamento de mayoría opositora.
La querella, según explica un trabajo de investigación publicado por el periodista Roberto Deniz, se debe al impago de honorarios profesionales, la falsificación de documentos y el desfalco de al menos 1.100 millones de euros.
Según explica el reportaje, en 2019 los entonces diputados contrataron el bufete para gestionar acciones judiciales en el plano internacional que buscaban indulgencias en beneficio del empresario Carlos Lizcano, quien operaba empresas en Venezuela en nombre de Alex Saab y Álvaro Pulido.
Entre los servicios solicitados querían demostrar la legitimidad de las compañías, para pedir el levantamiento de sanciones administrativas a las empresas de Lizcano, bajo el argumento de que no tenían relación con Saab, que ya en aquel entonces era acusado de ser testaferro de Nicolás Maduro.
"Fuimos contratados bajo el concepto de que el objetivo básico de los servicios era demostrar la legitimidad de las empresas y permitir el reinicio de actividades mercantiles de cada una de ellas", señala un fragmento de la denuncia.
Los abogados aseguran que la verdadera intención era legitimar capitales intentando ingresar millones de euros al sistema bancario europeo en perjuicio de Venezuela, pues el Estado era el dueño legítimo de esos fondos.
"Las empresas, los diputados relacionados, las personas presentes, los asesores que viajaron con ellos y los empresarios intentaron utilizar a nuestros abogados para que, bajo engaños, librasen las cuentas bancarias y legitimasen, no solo las empresas, sino también los contratos que celebraron", especifica el documento.
Asimismo, consideran que los llamados alacranes nunca estuvieron dispuestos a recuperar el acceso y disposición de los fondos retenidos en cuentas bloqueadas en el exterior para reiniciar el programa de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), sino para la apropiación de esos fondos.
"Engañaron a las autoridades, a nuestro escritorio jurídico y a la prensa con la que se comunicaban con frecuencia", aseveran, al tiempo que destacan que esta acción violó la relación profesional entre las partes.
En la misma línea apuntan que el dinero desfalcado habrían sido introducidos en diversos bancos extranjeros, la mayoría en Europa.
Los siete dirigentes que ahora son denunciados por el bufete, figuran como firmantes de una carta entregada a la Fiscalía General de Colombia en la que se solicita eximir al propio Carlos Lizcano y su compañía, Salva Foods, de irregularidades o cualquier conexión con Alex Saab. Una comunicación similar fue enviada al Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
