Cancillería cree que Corte ratificó la legalidad de protocolo para Assange
La Cancillería ecuatoriana consideró este martes que el rechazo el lunes de una Corte a la acción de protección constitucional solicitada por Julian Assange ante el protocolo que regula sus condiciones de vida en la Embajada, ha ratificado la legalidad del documento.
En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores dio "la bienvenida" al pronunciamiento emitido por la magistrada Karina Martínez, sobre la acción de protección interpuesta por los abogados de Assange, asilado en la embajada de Ecuador en Londres desde 2012.
Consideró que la decisión judicial "ratificó que el protocolo guarda armonía con los derechos humanos, se ajusta plenamente al derecho de asilo y a la ley nacional, y emana de la facultad soberana del Estado ecuatoriano de otorgar o retirar el asilo, y de arbitrar las medidas que garanticen tanto los derechos del señor Assange como el cumplimiento de sus obligaciones como asilado", reseñó la agencia EFE.
Recordó que el protocolo, entregado a Assange el pasado 13 de octubre, regula las visitas, comunicaciones y atención médica al fundador de WikiLeaks.
Seis días después de esa entrega, el jefe de su equipo internacional de defensa, el español Baltasar Garzón, presentó el recurso legal ante la justicia ecuatoriana al considerar que esas normativas violaban sus derechos.
En el protocolo se restablece el acceso de Assange a las comunicaciones, pero se le advierte de que, en su condición de asilado y de acuerdo con los tratados internacionales que rigen la materia, "no podrá hacer ningún tipo de declaraciones, difusiones o pronunciamientos que interfieran con otros Estados o que puedan afectar los intereses de Ecuador".
Quito restringió en marzo pasado las comunicaciones a Assange por una serie de pronunciamientos políticos.
En el comunicado emitido hoy, la Cancillería reiteró la firme adhesión del Estado ecuatoriano a las normas del derecho nacional e internacional que rigen el asilo.
"La Cancillería ecuatoriana hará cumplir esas normas en defensa del interés nacional y conforme al debido proceso", apuntó.
Y en ese mismo sentido, señaló que Ecuador demandará del asilado el respeto "a la soberanía y al buen nombre del país, y no permitirá afirmaciones o insinuaciones gratuitas que falten a la verdad sobre la conducta del Gobierno" respecto al asilo diplomático otorgado.
En la audiencia de ayer en la Corte, el activista australiano prestó testimonio por videoconferencia desde Londres y, en ella, expresó su temor a que Ecuador ponga fin a la concesión de su asilo.
Assange mencionó en su intervención un presunto diálogo entre el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, que visitó Ecuador en junio pasado, y el jefe de Estado, Lenín Moreno, en el que supuestamente se solicitó la entrega del activista.
"No quiero meterme en política, pero vemos que el Gobierno ecuatoriano está apoyándose más en Estados Unidos y Reino Unido, con mayor influencia", dijo el australiano según el diario El Comercio.
La defensa de Assange solicitó a la Corte la publicación de protocolos oficiales de las conversaciones entre diplomáticos ecuatorianos y los del Gobierno británico, una demanda que la Corte consideró "impertinente".
Assange, quien fue nacionalizado ecuatoriano en diciembre pasado, se refugia en la embajada ecuatoriana desde 2012, cuando era requerido por las autoridades suecas debido a las acusaciones de dos mujeres por presunta violación, que él negaba, una causa ya archivada.
Aun así, sigue bajo asilo por temor a que, si sale, sea deportado a Estados Unidos, donde presume que podría ser juzgado por la publicación de documentos militares y diplomáticos confidenciales.
Tan pronto se conoció la decisión de la justicia, Carlos Poveda, abogado de Assange en Ecuador, informó de que la ha apelado por considerarla "infundada".
"De parte del Estado ecuatoriano hay responsabilidad internacional", declaró al pedir a Ecuador que enseñe los documentos en los que dice que Gran Bretaña le ha garantizado al activista que no será extraditado a otro país, según aseguró el procurador general del Estado, Íñigo Salvador Crespo, la semana pasada.
El caso debe pasar ahora a una sala de la Corte Nacional de Pichincha, provincia de la que Quito es capital, donde la defensa espera que se revise el fallo.
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