México inició la repatriación de los fallecidos en centro de detención de migrantes
El Gobierno mexicano inició la repatriación de los 40 fallecidos por el incendio de un centro de detención para migrantes en Ciudad Juárez entre los que se encuentra una víctima de origen colombiano.
La Secretaría de Seguridad federal confirmó que el cuerpo de la persona colombiana que falleció en el incendio ha llegado a Bogotá.
Detalló que los restos de siete ciudadanos de El Salvador están "en traslado terrestre" con acompañamiento de agentes de la Guardia Nacional.
"Se espera que este sábado estén cruzando la frontera por Chiapas", precisó la dependencia en un comunicado de prensa.
Respecto a los migrantes procedentes de Guatemala, el despacho de Seguridad indicó que "11 cuerpos han sido identificados y se tiene programado su traslado aéreo para la próxima semana".
Informó también que familiares de seis migrantes hondureños fallecidos están en proceso de identificación de los cuerpos y se programará un vuelo con destino a su país en una fecha que no fue precisada.
Autoridades de Venezuela, entre tanto, indicaron que el próximo martes 11 de abril "llegará personal especializado en huellas para comprobar la identificación de personas".
Según el primer balance oficial, durante el siniestro ocurrido el pasado 27 de marzo fallecieron 39 personas: 18 guatemaltecos, siete salvadoreños, siete venezolanos, seis hondureños y un colombiano.
En el caso del cuadragésimo fallecido, quien murió luego de ser trasladado a un hospital de Ciudad de México, las autoridades no precisaron su nacionalidad.
De los lesionados, 14 se encuentran hospitalizados en diversos hospitales de Ciudad Juárez, cinco de ellos graves, mientras otros dos ya fueron dados de alta.
Otros nueve heridos son atendidos en dos hospitales de la capital mexicana, a donde fueron trasladados debido a la gravedad de su situación.
Autoridades mexicanas confirmaron la semana pasada la captura de un migrante que es señalado de provocar el incendio, quien fue detenido junto a otras cuatro personas: tres de ellas funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) y un vigilante privado.
El sexto sospechoso, acusado por la fiscalía, es otro guardia privado que permanece prófugo.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha garantizado que el caso no quedará en la "impunidad".
